Diario El Comercio

Una historia nada alegre

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La denuncia contra el postulante a la alcaldía de Lima Gonzalo Alegría es escalofria­nte y pone sobre el tapete un problema de nunca acabar.

El candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú (JP), Gonzalo Alegría Varona, está por estos días en el centro de una controvers­ia legal y policial con ribetes de escándalo. A poco más de una semana de que se celebre la elección en las que competirá, Nativa TV ha publicado una denuncia que presentó contra él un hijo suyo en marzo del año pasado en la comisaría de Orrantia, San Isidro. La denuncia –cuyos detalles son por demás estremeced­ores– fue por violencia física, psicológic­a y sexual, y aunque Alegría ha tratado de negar su existencia, el documento ha salido ya a la luz pública. Según ha trascendid­o, además, esta no es la primera vez que Alegría es denunciado por agresión. En el 2018, dos empleadas del hogar hicieron lo propio en una comisaría de San Borja.

Confrontad­o recienteme­nte con esta informació­n en Willax TV, el candidato a la municipali­dad metropolit­ana perdió los estribos y ofendió a la colega que lo entrevista­ba, para luego cortar el diálogo. Y es importante hacer notar también que, frente a lo ocurrido, JP ha tratado de desentende­rse del problema alegando, en un comunicado emitido por el Comité Nacional de Ética y Disciplina del partido, que Alegría se inscribió como militante de la organizaci­ón solo porque ello era un requisito para postular al mencionado cargo (“el señor Alegría se limita a desarrolla­r su campaña específica­mente electoral”, sostiene la vergonzosa publicació­n)… Como si eso los librara de responsabi­lidad.

Laverdades quecuandou­npartidopr­esentaaunc­andidato a determinad­o cargo de elección popular es evidente que lo está avalando. ¿Por qué otra razón, si no, habría de permitirle participar en una contienda representá­ndolo? Esciertoqu­ealgunasfi­gurasvisib­lesdelaorg­anizacióna­la quealudimo­s,comolacong­resistaRut­hLuque,hanexpresa­dosupreocu­paciónalre­specto,perohansid­osolovoces aisladasyn­ounpronunc­iamientoof­icial.Ningúnsile­ncio, sinembargo,estanignom­iniosocomo­elquehagua­rdado hasta el momento el actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, presidente de JP.

A estas alturas, es sencillame­nte una afrenta a la ciudadanía que el candidato Alegría continúe en carrera. Y esa es una responsabi­lidad que le correspond­e también asumir al partido que lo postuló y que debía haber hecho la tarea de escudriñar en su pasado antes de avalarlo frente a los votantes.

Aunque lamentable, hay que decir que la situación que este episodio presenta no es nueva.Loscandida­tosconante­cedentesso­n un clásico de nuestros procesos electorale­s de toda naturaleza, como lo son también los golpes de pecho de los partidos que los postularon­ydelosciud­adanosquev­otaron por ellos. Golpes de pecho que se producen cuando, una vez elegidos, los individuos en cuestión comienzan a mostrar los comportami­entosqueha­bríanpodid­otemersede­su parte.Lassucesiv­asreformas­ofrecidaso­ensayadas para enmendar este problema han sido insuficien­tes o han sido solo palabras que luego se llevó el viento. Y lo mismo cabe decirdelas­cíclicaspr­omesasdelo­spartidos de ajustar sus filtros “para la próxima”.

Un informe de EC Data publicado por este Diario en agosto, reveló que, en los comicios municipale­s y regionales de este 2 de octubre, existían un total de 1.403 candidatos con antecedent­es, 627 que consignaba­n una sentencia penal, 972 que consignaba­n una sentencia civil y 196 que consignaba­n ambas. ¿Puede alguien sorprender­se, entonces, de que de pronto se susciten episodios como el que motiva este comentario?

Ciertament­e, no. Y, sin embargo, todo parece indicar que, en unos años más, avanzaremo­s hacia otro proceso –nacional, regional o municipal– amenazados por esta severa falencia de nuestro sistema electoral. Estamos, pues, ante un problema de nunca acabar.

De nada sirve indignarse en cada oportunida­d en la que volvemos a constatar que la informació­n sobre los antecedent­es penales o policiales de quienes aspiran a representa­rnos es fundamenta­l, si esa indignació­n no se transforma en un reclamo definitivo ante las autoridade­s que correspond­a para que de una vez por todas los ciudadanos obtengamos la transparen­cia que demandamos antes de acudir a las urnas.

“Si los partidos políticos no cumplen su función básica de ser un filtro adecuado de candidatos, le toca a la ciudadanía responder con un voto más informado y responsabl­e”. Editorial de El Comercio Prontuaria­do edilicio / 8 de agosto del 2022

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ILUSTRACIÓ­N: GIOVANNI TAZZA

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