Primero tregua, luego cuestión de confianza
Castillo cambió de tono con el Congreso, pero no ha depuesto las armas. Un grupo afín a él estuvo preparando un proyecto con la idea de que sirva para una cuestión de confianza.
“El Per ú demanda que se pacte un cese del fuego”, ha dicho Pedro Castillo; pero no se refería a su bronca con la oposición vacadora sino a la guerra entre Rusia y Ucrania. Estaba en la asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, leyendo el discurso preparado por la cancillería. El razonamiento global sirve igual para nuestra parroquia: ya gastamos muchas armas sangrientas, probemos la paz antes de que no quede más remedio que sacar las armas nucleares. O sea la vacancia, por el lado opositor y por el lado oficialista, ya les contaré.
Justo antes de viajar, el viernes 16 en la mañana, acompañado por seis ministros, Castillo se reunió con el f lamante presidente del Congreso, José Williams. El día antes, el ministro de Transportes, Geiner Alvarado, había sido censurado con 94 votos, siete más de los requeridos para la vacancia. Tremendo aguijón en la maleta del viajero. A su regreso, el martes 20, difundió una amable carta de felicitación por el bicentenario del Congreso. Concentrados en las elecciones subnacionales, los partidos del bloque opositor no le prestaron atención a la censura a Willy Huerta y este se salvó. Pero hay un grupo que no está tan atento a estas escaramuzas y trabajó en una solución radical. ¿Y si antes que vaquen al presidente del pueblo hacemos que cierre el Congreso?
–Dos veces, segunda reforma–
Cuando Pedro Castillo pasó a segunda vuelta, reparó en que no tenía ni siquiera un programa de gobierno. Un grupo de profesionales que a duras penas convocó PL, junto al Nuevo Perú de Verónika Mendoza, armó el Plan Bicentenario sin Corrupción. El capítulo agrario, por ejemplo, se hizo con los aportes de Andrés Alencastre, ministro de Agricultura hasta hace poco; y los argumentos que desarrolló Eduardo Zegarra en Nuevo Perú. El nombre de ‘segunda reforma agraria’ lo puso Zegarra, como un juego de palabras, pues el plan no hablaba de temas de propiedad, como en la reforma de Juan Velasco, sino, básicamente, de mercado y asistencia técnica.
Ni Alencastre ni Zegarra, con quienes he conversado cuando el primero fue ministro y cuando el segundo fue jefe del gabinete de asesores del ministro Víctor Maita, me dejaron entrever propósitos ulteriores al asunto agrario. Pero, según fuentes palaciegas, ahora sí los hay. El congresista Hamlet Echevarría, de Perú Democrático, la bancada oficialista de Guillermo Bermejo, presentó el 27 de junio el proyecto de ley que promueve la tecnificación e industrialización del agro peruano como pilares de la segunda reforma agraria. El articulado, ambicioso, habla de todo: educación, salud, “derecho a la tierra, territorio y el derecho al agua por encima de cualquier otro derecho económico”.
Lo que llama la atención no es la grandilocuencia del texto, sino, según fuentes que han seguido la pista de este proceso, que entre sus promotores se comentó una segunda intención. ¿Cuál? Dar rienda suelta a los aspectos conflictivos de la segunda reforma agraria, para convertirlo en un lineamiento de política pública sobre la que el gobierno plantee una cuestión de confianza ante el Congreso; la primera de dos que si son negadas, lo facultarían a disolverlo.
Echeverría no contesta mi mensaje. Pero él no es autor del proyecto. En los anexos, se explica que este surge de la Plataforma Nacional del Agro Peruano (Planagro), formado por dirigentes de organizaciones de raigambre campesina. En realidad, esta iniciativa se ha dado en un marco mayor, el de la Asamblea Nacional de los Pueblos, que reúne a varios gremios populares desde 1987 y que ha tenido una vida muy ocasional desde entonces. Hace unos meses cobró nueva vida gracias a que gremios amigos del gobierno, como la Cunarc (Central Única Nacional de Rondas Campesinas) y la Fenmucarinap (la federación de mujeres campesinas que dirige Lourdes Huanca), sirvieron de enlace con el castillismo.
Volvamos al proyecto. Para que este sir va al propósito confrontador debía dejar de ser iniciativa de un congresista, pues no se puede plantear una cuestión de confianza sobre un proyecto del mismo Congreso. Tenía que convertirse en un proyecto del Ejecutivo. Según mis fuentes, eso es precisamente lo que se está haciendo con el Ministerio de Agricultura, en especial con el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar, Rómulo Antúnez. Antúnez fue fichado en marzo gracias al entonces ministro Óscar Zea, de quien había sido asesor congresal. Zea, como recordarán, era congresista del grupo de maestros castillistas dentro de Perú Libre. Pasó a la bancada de Podemos.
Mientras fue ministro, hasta el 22 de mayo, Zea promovió la discusión del proyecto de Planagro. La prueba es que el principal ideólogo del plan, Luis Alberto Bravo Villarán, tiene varias visitas a Antúnez, cuando este despachaba con Zea en el Congreso. Luego en el Midagri lo seguía visitando siendo viceministro. El entusiasmo, según me cuentan, fue de más a menos. Nadie podría asegurar que el proyecto llegue a ser presentado. Lo más probable es que aborte el intento, como abortó en un Consejo de Ministros durante la gestión de Mirtha Vásquez la idea de discutir la posibilidad de que el afán de promover una asamblea constituyente llevara a una cuestión de confianza.
Probablemente, si llegara el caso, el Congreso evitaría, a toda costa, disparar su bala de plata. La aparente tregua no es solo una manera de guardar las armas letales para más tarde, sino de ocultar sus verdaderas intenciones.
“Dar rienda suelta a los aspectos conflictivos de la segunda reforma agraria, para plantear una cuestión de confianza”.