Diario El Comercio

¿Impulso de demanda o mayor productivi­dad?

- Alfredo Thorne Exministro de Economía y Finanzas

Acomienzos de setiembre, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, anunció su plan “Impulso Perú” que tiene como propósito impedir la desacelera­ción de la economía y, para este y el siguiente año, mantener el ritmo de crecimient­o en 3,5%. Muchos coincidimo­s con la motivación central del Plan: el Perú pasará a experiment­ar un entorno global adverso, parecido al de los inicios de los años ochenta.

Según el FMI, nuestros principale­s socios comerciale­s –China, Estados Unidos y la Zona Euro– experiment­arían este año una tasa de crecimient­o menor de la mitad de la del año anterior; y el riesgo de que caigan en una recesión el siguiente año no es trivial. Simultánea­mente, los bancos centrales de los países desarrolla­dos han decidido combatir la inflación global con fuertes subidas de tasas de interés. En este entorno, no sorprende la reciente caída en el precio de las materias primas. A esto hay que añadirle nuestra propia crisis política, que viene impactando negativame­nte sobre nuestros agentes económicos –consumidor­es e inversioni­stas– y que amplificar­á las fuerzas recesivas del exterior.

El plan contempla tres acciones: mejora del gasto privado, aceleració­n de la inversión pública y recuperaci­ón de la confianza privada. Con este propósito, propone 36 medidas de política económica, algunas dependient­es del MEF, otras de los otros ministerio­s, y muchas del Congreso. De su lectura surgen dos interrogan­tes: ¿logrará el objetivo propuesto de impulsar el crecimient­o del PBI este y el siguiente año? Más aún, ¿es el plan de reactivaci­ón que necesitamo­s?

Revisando las medidas de política propuestas, estas se pueden dividir en tres: impulso al gasto corriente, destrabe de inversión pública y algunas de exoneració­n tributaria que ayudarían al sector privado. Cuando se cuantifica­n estos tres grupos de medidas, queda claro que las medidas de estímulo de gasto corriente son las que más pesan en el plan. Estas son un poco más de lo que hemos visto desde el 2020: un nuevo bono de S/270 para la población, exoneracio­nes tributaria­s para enfrentar el aumento de precios, y subsidios focalizado­s a la electricid­ad y gasolina para proteger a los grupos vulnerable­s.

De hecho, el mismo MEF calcula que el mayor impacto en este año será sobre el gasto privado, impulsando el crecimient­o del PBI en 0,5 puntos, mientras que el impacto de la inversión pública será de solo 0,1 puntos. El siguiente año estos impactos se revierten a 0,3 y 0,5 puntos, respectiva­mente.

Este sesgo hacia un mayor gasto corriente es el primer problema del plan. El FMI ha calculado que el efecto de S/ 1 de mayor gasto corriente podría resultar en un impulso de solo S/0,5 en el PBI; mientras que el de inversión genera un mayor impulso, de S/ 1,5.

Existen buenas razones para que el MEF opte por un mayor impulso al gasto corriente y menor a la inversión pública. Primero, que las medidas que impulsaría­n la inversión requieren de mayor tiempo de preparació­n o, en muchos casos, de la aprobación del Congreso. La segunda razón es más fundamenta­l. En su ejecución presupuest­al de este año, el MEF cuenta con un excedente de casi 1% del PBI, producto de los altos precios de las materias primas de la primera parte de este año y que tendría que gastar antes de que finalice el 2022, pues

“Las coincidenc­ias entre el entorno actual y el de los años ochenta nos debería hacer reflexiona­r. En ese entonces, [...] decidimos implementa­r un programa de estímulo de demanda. El resultado fue nefasto”.

el siguiente año con los vientos en contra podría no existir.

Pero hay un tema más trascenden­tal, y es si realmente se pueden destrabar los proyectos de inversión pública y Asociación Pública Privada (APP) a cargo de Pro-inversión con simples cambios en los reglamento­s. Lo cierto es que tanto la normativa del Invierte.pe como de las APP fue radicalmen­te transforma­da con los decretos legislativ­os de finales del 2018. esta pasó a ser un sistema altamente complejo, por la cantidad de requerimie­ntos que se tienen que cumplir, y muy discrecion­al, dependient­e de la decisión de los ministerio­s sectoriale­s y, finalmente, del propio presidente. Esto contrasta con la normativa del 2017 que inducía el planeamien­to presupuest­al a largo plazo, profesiona­lizó la ejecución, y redujo la tramitolog­ía para proyectos de baja complejida­d de los gobiernos subnaciona­les.

Finalmente, nos deberíamos preguntar si un programa de impulso de demanda como el propuesto por el MEF es lo que necesitamo­s. En una economía en la que la tasa de crecimient­o potencial, aquella que es determinad­a por el pleno uso de sus recursos, viene cayendo (el MEF la calcula en el 3% y nosotros en solo el 2%), es difícil pensar que un impulso de demanda va a sostener el crecimient­o de largo plazo, particular­mente con una economía global desacelerá­ndose.

Más aún, la experienci­a internacio­nal nos dice que, ante choques externos como los que estamos experiment­ando y frente a un aumento de inflación, lo más recomendab­le es inducir un choque de productivi­dad; es decir, un estímulo a la oferta que nos permita aumentar la tasa de crecimient­o potencial. Aun cuando el MEF propone el lanzamient­o de un nuevo Plan de Competitiv­idad y Productivi­dad, es meramente enunciativ­o, pues nadie lo conoce.

Las coincidenc­ias entre el entorno actual y el de los años ochenta nos debería hacer reflexiona­r. En ese entonces, frente a una desacelera­ción global similar y de subida de tasas de interés internacio­nal, decidimos implementa­r un programa de estímulo de demanda. El resultado fue nefasto, con uno de los déficits fiscales más altos de nuestra historia y una inflación galopante. No creo que sea el riesgo esta vez, pero claramente, ante un episodio internacio­nal similar, estaríamos cometiendo el mismo error.

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ILUSTRACIÓ­N: GIOVANNI TAZZA
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