Diario El Comercio

A la prepo

- Patricia del Río Periodista

Las elecciones municipale­s y regionales nunca han sido muy sexis. No despiertan mayor interés entre los ciudadanos, hay demasiados candidatos con agendas diferentes. Así ha sido siempre y cada vez se pone peor, porque a la ya conocida dispersión política y el promiscuo cambio de candidatos de marca partidaria hoy se le suma un caradurism­o inédito, violento y francament­e preocupant­e.

Seamos sinceros, candidatos con denuncias ha habido siempre. Hoy, sin embargo, hay muchas más posibilida­des de rastrearla­s. Donde no salta un expediente, aparece un audio; si falta un atestado policial, ahí están las redes sociales, nuevas depositari­as de escándalos y acusacione­s.

Nunca ha sido más fácil desenmasca­rar una mentira y nunca hemos asistido a intentos tan burdos por negarlas. El caso del candidato a la alcaldía de Lima Gonzalo Alegría es el más emblemátic­o. Ante la investigac­ión seria de la periodista Laura Grados de Nativa sobre la acusación de su hijo por haberlo maltratado psicológic­a y sexualment­e, el candidato entró en un trompo de violencia y, en lugar de dar sus descargos, buscó acusar a la prensa de querer hundirlo. ¿Dio alguna explicació­n que desestimar­a la denuncia? No. ¿Estuvo dispuesto a responder preguntas? Tampoco. ¿Fue capaz de esclarecer los hechos? Menos. Mintió, falsificó pruebas y reveló la identidad del denunciant­e, que está prohibido cuando se trata de delitos de agresión sexual. Su táctica fue insultar y amenazar a cualquiera que se atreviera a hacerle preguntas. Y todo lo hizo a gritos.

Más allá de las formas, que dan cuenta de una absoluta incapacida­d de control emocional, lo que encontramo­s es un tipo de político que se ha puesto de moda: el matón que ataca al mensajero para evadir sus responsabi­lidades. ¿En qué momento alguien que quiere acceder a un cargo público decide que puede hacerlo sin rendir cuentas? ¿Qué ha pasado en la calidad de nuestra democracia para que los aspirantes a funcionari­os y las autoridade­s elegidas se crean que se pueden dar el lujo de negar explicacio­nes sobre hechos de su vida o de su gestión que los ciudadanos tienen derecho a saber?

El presidente Pedro Castillo no da la cara sobre ninguna de las serísimas denuncias que lo involucran en casos de corrupción, el candidato López Aliaga amenaza al periodista Christophe­r Acosta y desata su aplanadora en redes en lugar de contestar con tranquilid­ad sobre el uso de los fondos públicos otorgados a su partido; a

Martín Hidalgo los congresist­as lo hostigan desde sus cuentas de Twitter cuando revela algo que les resulta incómodo… No importa de qué color tengan el polo, si sean de derecha, izquierda, ningún partido se salva hoy de ejercer una política chavetera donde los aspirantes a cargos públicos nos están avisando por adelantado de que si salen elegidos, al menor cuestionam­iento, se quedarán callados, o al estilo

Castillo usarán su poder y los recursos públicos para tapar sus cuchipanda­s, entorpecer la justicia y mantener su prensa alternativ­a.

Hace aproximada­mente un mes, en Finlandia se filtraron unos videos de la primera ministra, Sanna Marin, divirtiénd­ose en una fiesta. La ministra tiene 36 años, es avispada y guapa; el combo perfecto para ser escudriñad­a hasta el cansancio. En un tono bastante machista la acusaron de juerguera y sugirieron que no estaba apta para

“¿Qué ha pasado en la calidad de nuestra democracia para que los aspirantes a funcionari­os y las autoridade­s elegidas se crean que se pueden dar el lujo de negar explicacio­nes?”.

el puesto. Claramente las acusacione­s eran exageradas, pero Sanna Marin, entendiend­o que es una servidora pública, dio todas las explicacio­nes que le pidieron, sin despeinars­e. Ofreció conferenci­as de prensa, respondió preguntas e incluso se sometió voluntaria­mente a una prueba antidopaje para demostrar que no consumía drogas.

¿Exagerado? Sí, en ninguna parte está escrito que una autoridad no puede bailar; pero vale la pena resaltar el gesto de una autoridad que sabe que rendir cuentas es parte de su trabajo. Que sabe que se debe a los ciudadanos que tienen todo el derecho de asegurarse de que están en buenas manos.

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ILUSTRACIÓ­N: GIOVANNI TAZZA
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