¿Para dónde vamos?
En agosto del 2021, cuando el gobierno de Pedro Castillo estaba recién instalado, el país enfrentaba 196 conflictos sociales. Actualmente existen 218 conflictos sociales latentes. El 64,7% de estos son socioambientales, vinculados a operaciones extractivas. Pero ¿cómo podría ser de otra manera si ha sido el mismo Gobierno el que se ha encargado de incitar los conflictos entre las comunidades y las operaciones mineras?
Castillo llegó al poder con una agenda clara. La correcta gestión pública no estaba incluida. Se trataba de capturar el poder a toda costa y a vista y paciencia de todos. Para ello se ha comprado aliados, ubicándolos estratégicamente en puestos públicos. El nuevo Gabinete es una muestra de cómo se acomoda la correlación de fuerzas políticas.
Pero mientras nos distraemos en discusiones y tecnicismos constitucionales, el país se sigue deteriorando.
La economía peruana crecerá el 2023 en 2%, esto significa que no podremos reducir pobreza ni satisfacer las necesidades básicas de miles de peruanos que viven en pobreza y que dependen del Estado. Apoyo Consultoría calcula que en el Perú alrededor de 1,3 millones de peruanos pasa hambre, es decir, no puede cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es el organismo encargado del desarrollo social y la superación de pobreza. Fue creado para administrar redes de protección social para las poblaciones más pobres. El presidente ha decidido que sea Cynthia Lindo, maestra y miembro de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate Perú), gremio de maestros fundado por Pedro Castillo, la que lidere este ministerio. ¿Tiene Lindo la capacidad técnica y los conocimientos necesarios para liderar el Midis?
La precarización de la administración pública, a través del nombramiento de personas sin la capacidad y los conocimientos necesarios, con acusaciones de corrupción y una agenda personal, junto con la conflictividad socialylacrisisdegobernabilidadquevivimos sonlostresmayoresriesgosqueenfrentaelPerú y que explican por qué venimos perdiendo posiciones en los indicies de competitividad y atracción de inversiones, como explicó hace poco el exministro Luis Miguel Castilla.
La principal actividad económica del país es la minería. Esta genera el 8,4% del PBI peruano y el 12% de los ingresos fiscales. Genera, además, 237 mil empleos directos y aproximadamente 1 millón 200 mil empleos indirectos. Si consideramos que cada uno de estos empleos es una familia, alrededor de 6 millones de peruanos viven de la minería. Pero más aún, los enormes ingresos que le genera la minería al país permiten el financiamiento de obras de infraestructura para lograr cerrar las brechas en el acceso al agua y saneamiento, obras de irrigación, canales de regadío, carreteras, Internet y a servicios de educación y salud de calidad. Permite también financiar los proyectos sociales del Midis. Solo en el 2022 las empresas han pagado en canon S/17.963 millones de los cuales alrededor de S/10.123 millones ha sido transferido a las regiones. El Perú es un país de ingreso medio alto, lo que significa que tenemos los recursos para cerrar las brechas y, sin embargo, la falta de gestión pública y la enorme corrupción hace que miles de peruanos vivan aun en pobreza y sin necesidades básicas satisfechas.
El Instituto Fraser realiza una encuesta anual a empresas mineras, donde evalúa el potencial minero y el nivel de atracción de inversiones que genera un país. El Perú ha pasado del puesto 14 al puesto 42 de 84 economías entre el 2017 y el 2021. Y es probable que en el del 2022 caigamos aún más. Todo esto ocurre cuando el mundo está migrando la matriz energética hacia una de energías renovables que requieren del cobre como insumo básico. Wood Mackenzie ha calculado que para el 2035 el mundo necesitará aumentar la producción de cobre en 23 millones de toneladas para poder lograr la transición energética y poder cumplir con los compromisos frente al cambio climático. La demanda por cobre es una oportunidad para el Perú que podría –y debería– generar nuevas inversiones y con ella empleo, impuestos, reducción de pobreza y bienestar.