Un año nefasto para autoridades en Lima Metropolitana
Este 2022, el alcalde ● de la ciudad y el de San Luis fueron vacados, mientras que el de Carabayllo cumple prisión preventiva También investigan ● a los de San Isidro y Breña.
La inestabilidad política ha sido una constante en los municipios de Lima Metropolitana este 2022. En un hecho sin precedentes, Jorge Muñoz fue vacado en abril pasado por haber formado parte del directorio de Seda pal cuando ya era alcalde de la ciudad, lo cual está prohibido en la Ley Orgánica de Municipalidades.
“No he matado a nadie, no he robado a nadie, no he sacado la vuelta a nadie”, dijo Muñoz después de que se publicó la resolución del Jurado Nacional de Elecciones.
El primer día del año, David Rojas, elegido por Acción Popular como alcalde de San Luis, fue vacado debido a que compró un vehículo a una llegado suyo, Jesús-Zúñiga, dueño de una empresa que luego se convirtió en proveedora de su gestión.
En el 2021, el concejo distrital ya había intentado vacar a Rojas puesto que habría beneficiado a su expareja y al padre de esta con puestos de trabajo en la comuna.
—Herencia negativa—
En la mayoría de procesos contra alcaldes hay un factor común: un grupo dentro del municipio se habría coludido ilegalmente con empresas privadas para beneficiarse con compra su otras gestiones irregulares.
El caso de Carabayllo destaca por la cantidad de autoridades procesadas. En el 2009, el alcalde Miguel Ríos fue vacado y en el 2013 se le sentenció a siete años de prisión por presunta corrupción de funcionarios.
Este año, además, se cumplieron cuatro años desde que Rafael Álvarez –sucesor de Ríos en el municipio– está prófugo de la justicia. En el 2018, el Poder Judicial lo condenó a seis años de prisión por colusión en agravio del municipio.
En agosto pasado, el alcalde Marcos Espinoza, elegido por APP, fue detenido por la presunta dirección irregular de una compra de camionetas en el distrito y otros supuestos ilícitos.
Y en setiembre, el Poder Judicial ordenó que Espinoza cumpliese 18 meses de prisión preventiva mientras se lo investiga por organización criminal, colusión agravada y peculado.
A 25 kilómetros de Carabayllo, en San Isidro, el alcalde Augusto Cáceres cumple una orden de comparecencia con restricciones mientras se lo investiga porque habría favorecido aun consorcio con un millonario contrato por el mantenimiento de las áreas verdes del distrito, a pesar de que el área de control interno había advertido presuntas irregularidades.
Finalmente, este Diario accedió a documentos de la fiscalía que confirman que el alcalde de Breña, José Li Bravo, es investigado por presuntamente encabezar una presunta organización criminal que se habría beneficiado con contratos fantasmas y otros presuntos actos de corrupción.
Esta semana, la fiscalía solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para Li por el referido caso.
—Mecanismo—
“En Lima comenzamos a ver lo que desde hace años se ha denunciado en gobiernos locales y regionales del interior. Son problemas estructurales”, comenta Mayen Ugarte, docente del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión, de la PUCP.
En tanto, Flavio Ausejo, experto en políticas públicas de la PUCP, menciona que en el país hay un serio problema de integridad. “Vemos estructuras montadas para actuar de manera ilegal. Y estamos hablando de casos que son muy escandalosos. ¿Cuántos hay que no salen a la luz?”, cuestionó el experto.