La región más rica de Bolivia se paralizó por arresto de gobernador POSTURA DE LA IGLESIA
Luis Fernando Camacho, líder de Santa Cruz y opositor al gobierno, debe cumplir 4 meses de detención preventiva.
Santa Cruz, la mayor región boliviana y motor económico del país, suspendió actividades ayer en protesta por el encarcelamiento de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho, y los líderes cívicos cruceños analizan otras medidas más severas para exigir su liberación.
Calles desiertas y bloqueadas con neumáticos o banderas, y alguna gente moviéndose a pie o en bicicleta fueron el panorama que prevaleció en la jornada de huelga en el centro histórico cruceño. También hubo vigilias en las puertas de instituciones estatales.
Algunas personas protestaron en las puertas de la oficina regional del Servicio de Impuestos Nacionales con banderas y pancartas con consignas como “La lucha es de todos”, “Basta de persecución política”, “No fue golpe, fue fraude”.
Mientras que el Palacio de Justicia cruceño amaneció con fuerte resguardo policial después de los destrozos registrados en ese edificio el miércoles tras la detención de Camacho.
–Acusado de golpe–
El pasado miércoles, el líder opositor fue detenido en Santa Cruz y trasladado a La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, en un cuestionado operativo policial.
Un juez cautelar dispuso ayer imponerle detención preventiva durante cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro, en el Altiplano paceño, por el caso conocido como “golpe de Estado I” por la crisis del 2019.
En la audiencia, Camacho sostuvo que “nunca” se va a rendir y que seguirá “luchando” contra lo que consi
La Conferencia Episcopal de Bolivia dijo ayer que la detención de Camacho fue un “secuestro con inaudita violencia y saña” como pasó en los “duros tiempos” de las dictaduras. dera ha sido un “abuso” del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
La fiscalía lo acusa del delito de terrorismo por los hechos registrados durante la crisis política del 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia, que luego denunció ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
Por este mismo caso se detuvo en marzo del 2021 a la exmandataria interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus exministros, aunque finalmente fue condenada en junio a 10 años de prisión por situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial por el proceso denominado “golpe de Estado II”.