Diario El Comercio

Una sentencia anunciada

- ANGIE Higuchi Profesora e investigad­ora en la Universida­d del Pacífico

Nun ca antes el cambio climático ha sido más despiadado con el sector agrícola peruano. En estos momentos, este sector se encuentra en estado de vulnerabil­idad tras la evidencia palpable de un nulo plan de previsión. Primero, una sequía sin precedente­s a finales del 2022. Ahora, las fieras lluvias que azotan el litoral, además de otras zonas del asierra y selva de nuestro país.

Sin duda, el ciclón Yaku terminó de sentenciar­la seguridad alimentari­a de los peruanos. Este fenómeno ha causado la activación de múltiples quebradas, así como desbordes de ríos ycolaps os de vías de acceso,im pidiendo la distribuci­ón de alimentos frescos como frutas, verduras ya ves que se han podrido por las altas temperatur­as desde Tumbes hasta la costa sur.

Los cultivos que se están viendo enormement­e dañados para la agroexport­ación son los bananos, las paltas y el mango Kent. De igual modo, los alimentos que van a impactar negativame­nte en la canasta familiar peruana son el arroz, el maíz –por ende, el pollo–, los plátanos, las hortalizas (como la alverjita), el limón y cultivos de panllevar como la yuca y el camote.

Asimismo, con el fenómeno de El Niño anunciado para este año, cultivos de invierno como las fresas, los arándanos y los cítricos se van a ver afectados en su cosecha después de los meses reglamenta­rios de invierno. Todo esto se traducirá en una mínima producción o escasez de di versos productos cuyos precios finales pagados por el consumidor irán –aún más– en aumento. Con ello, el ciudadano más vulnerable tendrá que emplear hasta un 80% de sus ingresos en alimentos, lo que se verá traducido en una porción menos al día, un consumo de alimentos procesados que “llenan, pero no alimentan” o tendrán que priorizar a sus hijos por encima de ellos.

Hasta el momento, el Gobierno ha manifestad­o que destinará recursos para las labores de recuperaci­ón de infraestru­ctura y atención de emergencia­s de la población. Sin embargo, no se avizora aún planes de mediano y largo plazo consistent­es. Necesitamo­s reforzar la articulaci­ón in ter institucio­nal para definir prioridade­s que lleven ala realizació­n de intervenci­ones públicas transparen­tes. Es urgente una participac­ión articulada de las carter as del Gobierno y la creación de comisiones(como la de seguridad alimentari­a con el MEF, Midis, Midagri, Produce y cancillese­r ría, por ejemplo) juntamente con gobiernos regionales y municipali­dades, siguiendo las recomendac­iones climáticas del S en amhiy el seguimient­o de la ley de recursos hídricos liderados por la Autoridad Nacional del Agua. Esto último será clave para contar con el empleo de los recursos y la logística necesaria para, con el uso de la tecnología, atender las zonas más complejas afecta das por las lluvias y los huaicos.

Lo que se necesita de inmediato es el empleo de mano de obra (personas que sepan de construcci­ón para la reconstruc­ción de campos, infraestru­cturas como puentes, caminos y canales de regadío, así como gente que apoye en la preparació­n de alimentos y reparto de estos de forma organizada) canalizado mediante el Ministerio de Trabajo.

La idea es que, por un lado, se ponga un salario en los bolsillos de las personas para que puedan atender sus necesidade­s sin tener que recurrir a un subsidio como un bono y, por el otro, que el país se reconstruy­a lo más pronto posible para poder reintegrar las actividade­s comerciale­s. Finalmente, la creación de una comisión de fiscalizac­ión para determinar si hay debida transparen­cia en cuanto ala canalizaci­ón de los recursos asignados. Todo esto en calidad de urgencia para la protección de la frágil seguridad alimentari­a de los peruanos más desprovist­os. La advertenci­a está anunciada y las soluciones, enunciadas.

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