Sin examen, pero en las aulas
El jueves, el Congreso le propinó un nuevo golpe a la educación pública y a la meritocracia al aprobar por insistencia la ley que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de al menos 14.000 docentes que fueron removidos en el 2015 por no aprobar la evaluación tomada el año anterior como parte de la reforma educativa. ¿Por qué esta decisión ha levantado tanto revuelo? Comencemos haciendo una breve revisión histórica para entenderla.
Como se sabe, la Ley del Profesorado de 1984 permitió el denominado “nombramiento interino” de docentes sin título a fin de cubrir el déficit de maestros, especialmente en zonas alejadas de los núcleos urbanos y en una coyuntura específica. Pero la medida siempre tuvo una naturaleza transitoria y en algún momento debía corregirse. Por esa razón, en el 2014, 14.861 docentes que se encontraban en dicha situación fueron convocados para dar un examen de conocimientos a fin de subsanar este problema. Sin embargo, solo 5.315 se inscribieron y apenas 546 lograron aprobarlo. Los demás –más de 14.000– fueron retirados del servicio público y, aunque tuvieron otras oportunidades en los años siguientes para cumplir con este requisito, nunca se preocuparon en aprovecharlas.
Esta semana, sin embargo, el Congreso ha aprobado por insistencia una ley que habilita a esos más de 14.000 docentes a entrar a la carrera pública magisterial siempre y cuando aprueben un examen que, según ha trascendido, será bastante más fácil que el del 2014. En otras palabras, el Legislativo ha decidido pisotear la meritocracia en el sector, les ha dicho a los otros docentes que sí trabajaron para obtener su título o pasar la evaluación que sus esfuerzos no valieron para mucho y les ha dado la espalda a los millones de estudiantes que pasarán a tener como docentes a personas que no se preocuparon mucho por ejercer esta labor.
Llama la atención, además, que la norma saliera adelante con 92 votos a favor, entre ellos de bancadas de derecha como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Hablamos de bancadas que en su momento se opusieron ferozmente a las políticas promovidas por el gobierno de Pedro Castillo y que ahora han decidido hacer suya la que quizás fue la principal bandera del golpista desde su época como dirigente sindical: la de los maestros cesados. Alguien sonríe desde Barbadillo.
Otro tema no menor es que al menos tres parlamentarios que promovieron la norma resultaron jalados en la evaluación docente: Katy Ugarte, Alex Paredes y Paul Gutiérrez (los dos últimos, para más luces, del Bloque Magisterial). Ugarte, que desaprobó la misma hasta siete veces, defendió la pertinencia de la ley afirmando que “no todos tenemos las mismas habilidades”, mientras que Paredes –que la reprobó en cinco oportunidades– replicó que “por encima de la meritocracia” están los “derechos” de los docentes, y calificó de “ignorantes” a los opositores a la iniciativa.
Aunque ya no resulte sorpresivo, es sumamente preocupante que el Legislativo muestre sin ningún tipo de vergüenza que esforzarse por cumplir con la ley no es necesario siempre y cuando existan en el Parlamento representantes con muchos intereses y pocos escrúpulos, que con una sola ley pueden borrar de un plumazo todo lo conseguido con denuedo durante años. Es el mismo mensaje que un grupo de congresistas de izquierda viene difundiendo al tratar de formalizar el taxi colectivo en Lima y el Callao, dándoles un portazo a aquellos que sí se han esmerado por cumplir con las formalidades para brindar el servicio de transporte público. Y lo mismo se podría decir de los mineros ilegales…
En lugar de preocuparse por elaborar un marco legal que le permita al país contar con mejores servicios públicos –por ejemplo, en educación y transporte– y combatir la informalidad, los legisladores están premiando la ley del menor esfuerzo. Todo ello, buscando ganarse los aplausos de quienes en el pasado no tuvieron méritos para aprobar un examen, pero que sí cuentan con algunos representantes sentados en el hemiciclo y con la complicidad de otros congresistas dispuestos a hacerse de la vista gorda.
Al promover el ingreso a la carrera pública magisterial de profesores que no aprobaron la evaluación docente, el Congreso ha hecho suya la agenda de Pedro Castillo.