Reingreso de docentes genera presión al presupuesto público
Con esta medida, el Poder Legislativo incumple nuevamente la disposición que lo inhabilita a aprobar iniciativas de gasto. Según expertos, una de las salidas que tiene el Gobierno es presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.
IMPACTO.
La semana pasada, el Congreso aprobó por insistencia el proyecto para que los docentes interinos retirados ingresen a la carrera pública magisterial. Como ha indicado El Comercio, esto beneficiaría a 4.769profesoresretiradosquepresentaron títulos hasta noviembre del 2014 y desaprobaron la evaluación. Al cierre de esta edición, aún no se publicaba la medida en “El Peruano”.
Este Diario buscó al Ministerio de Educación (Minedu) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para validar y actualizar la información sobre los docentes cesados beneficiados y el costo fiscal de la norma. Sin embargo, el primero indicó que no contaba con información sobre el tema, mientras que el MEF señaló que aún estaban validando los datos.
Justamente, uno de los objetivos que tienen el Poder Ejecutivo y el MEF es el cumplimiento de la metafiscal,queestableceundéficit tope de 2% para este año. Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en su pedido por el voto de confianza ante el Congreso, indicó que “no habrá farra fiscal” en el Gobierno.
Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, sostuvo que esta norma no determinará si se cumple la meta fiscal, pero que sí es una señal de que el Parlamento no respeta el concepto constitucional de no presentar proyectos con iniciativa de gasto. Esto sigue generando una presión al fisco, acotó.
Poreso,estanormasería inconstitucional,consideróMiguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). Además, la medida desvaloriza la carrera magisterial, apuntó.
Asimismo, esto compromete al presupuesto público, complementó José Rodríguez, economista del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), así como se genera una preocupación por no tener un uso adecuado de los recursos fiscales.
En esa línea, Castilla dijo que probablemente la norma sería vista con el presupuesto del sector Educación, pero que ello también alcanzaría al MEF. Ello, al fin de cuentas, genera una contingencia y mayor gasto en el Tesoro Público, para que se habiliten partidas presupuestarias o créditos suplementarios, bajo una nueva ley, mientras el Gobierno lleva a cabo un proceso de consolidación fiscal.
Sumado a estos problemas está el hecho de que no se brindaría un servicio educativo de calidad, lo que genera un efecto en las etapas formativas, añadió.
Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señaló que esta norma obliga al Minedu y a los gobiernos regionales a buscar las maneras de ofrecer plazas a los docentes interinos cesados, independientemente de la calidad que tengan estas personas para la enseñanza.
Una opción que tiene el Gobierno es presentar una demanda competencial al Tribunal Constitucional, consideraron Castilla y Jaramillo.
Esta decisión sin dudas tendrá repercusiones económicas, especialmente en el sector turístico.