La Fiscalía General de Colombia formuló el martes una acusación contra el expresidente por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
CAUSA PENAL.
Por primera vez en la historia de Colombia un expresidente ha sido llamado a juicio. El martes, la Fiscalía General formuló una acusación contra Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, en un caso que tiene su origen en el 2012, con una querella contra el senador de izquierda Iván Cepeda yqueañosdespuéssevolvióencontra del líder político de la derecha colombiana.
Laacusaciónfuepresentadapor el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gilberto Villarreal, quien asumió el caso el pasado 16 de enero.
“A partir de la evidencia física y los elementos probatorios recaudados y estudiados por el despacho alcualcorrespondióesteexpediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal”, indicó la fiscalía en un comunicado.
Una de las pruebas contra Uribe, según la Oficina de Comunicaciones de la Fiscalía General, es el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho en varias ocasiones que Diego Cadena, exabogado de Uribe, lo contactó para cambiar su testimonio sobre presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares de extrema derecha.
La fiscalía remarcó que la decisión fue adoptada luego de varios pedidos de preclusión de fiscales diferentes que fueron desestimados por la justicia penal.
La decisión de la Fiscalía General de Colombia representa un cambio de rumbo en el proceso penal desde la llegada de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, en marzo de este año, pues bajo la gestión anterior de Francisco Barbosa se pidió cerrar el caso.
Camargo fue elegida por la Corte Suprema entre una terna enviada por el presidente Gustavo Petro, viejo adversario político de Uribe.
Todo empezó en el 2012, cuando Uribe, entonces senador, presentó una denuncia ante la Corte Suprema contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de un supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo a él y a su hermano Santiago Uribe con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de atroces violaciones a los derechos humanosensuguerraclandestinacontra las guerrillas.
Sin embargo, la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que empezó a investigar al exgobernante en el 2018. La justicia sospechó que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos y no su opositor.
En agosto del 2020, los altos magistrados fueron más allá y ordenaron el arresto domiciliario del expresidente, mientras avanzaban en su investigación.
Luego de ello, Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba en su contra y reinició todo el proceso.
Este miércoles, el exmandatario se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía General y afirmó que