Diario El Comercio

Una guerra sin fin

- DIANA SEMINARIO Periodista

Aestas alturas ya para nadie es un secreto que el Ministerio Público se ha convertido en un campo de batalla en el que la persecució­n del delito y la búsqueda de la justicia hace tiempo dejaron de ser prioridad. La fiscalía peruana se ha vuelto un escenario de guerra en el que solo hay perdedores porque –aunque pareciera lo contrario– no hay ningún ganador. Porloqueve­nimosviend­oyahacealg­unosaños,laFiscalía­delaNación­vienesiend­ounainstit­ucióndeban­dos que se disputan el poder y, cuando uno de estos lo pierde, hacetodolo­quetengaas­ualcancepa­rarecupera­rlo. También hemos sido testigos de cómo las inclinacio­nes políticas de muy mediáticos fiscales solo han servido para que sus protagonis­tas se distraigan en venganzas personales y favorecimi­entos indebidos, mientras la ciudadanía sigue esperando justicia.

El último capítulo de esta guerra sin fin es el que protagoniz­an la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y la fiscal superior Marita Barreto. En términos bélicos, pareciera que todas las batallas las viene perdiendo Benavides, pero parece que la fiscal estaría dispuesta a pelear hasta el final.

La última temporada de esta serie se inició en noviembre, cuando se señaló a Benavides como presunta cabecilla de una organizaci­ón criminal enquistada en el Ministerio Público. La prueba de esta afirmación fueron unas conversaci­ones de WhatsApp de quien fuera su asesor, Jaime Villanueva. Esos diálogos evidenciar­ían un intercambi­o de favores con parlamenta­rios y fueron material suficiente para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendier­a a Benavides por seis meses. Esa misma JNJ busca ahora destituir a Benavides por “faltas muy graves” que nada tienen que ver con el Caso Valkiria o supuestos sobornos.

Sin embargo, la JNJ no tendría asegurados los cinco votos que se requieren para la destitució­n. Todo apunta a que solo votarían por la destitució­n cuatro miembros. A esto hay que añadir la decisión del Tribunal Constituci­onalsobrel­ademandaco­mpetencial­presentada­por el Congreso luego de que el Poder Judicial les diera un amparo a Inés Tello y Aldo Vásquez que los devolvió a sus puestos en la JNJ pese a que el Parlamento los había destituido e inhabilita­do. El TCconfirmó­ladestituc­ión deTelloyVá­squez. No es la primera vez que somos testigos de estas luchas intestinas en el Ministerio Público. Ya vimos la suerte que corrió Pedro Chávarry.

Mientras la guerra en la fiscalía no cesa, ningún caso emblemátic­o de corrupción se resuelve. Susana Villarán, que confesó haber recibido aportes de Odebrecht para su campaña contra la revocatori­a mientraser­aalcaldesa,nisiquiera­tiene impediment­o de salida del país; Martín Vizcarra, pese a innumerabl­esindicios­decorrupci­ón, sigue siendo un intocable; y el otrora mediático Caso LavaJatose­desvaneces­in que a nadie le importe.

La gran derrotada de esta guerra es la justicia.

“La fiscalía viene siendo una institució­n de bandos que se disputan el poder”.

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ILUSTRACIÓ­N: GIOVANNI TAZZA
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