Diario Expreso (Peru)

¿LAS AGENDAS Y LA PRUEBA PROHIBIDA?

- ANTONIO RAMÍREZ PANDO

El abogado de Nadine Heredia ha presentado ante el fiscal Germán Juárez, una solicitud para que se invalide como prueba sus agendas porque tienen un origen ilegal. Wilfredo Pedraza afirma que esas agendas fueron hurtadas y hay una investigac­ión de esa causa contra los responsabl­es del hecho. Tienen un origen ilícito, es una prueba prohibida, clama el exministro de Humala. Por ello no se puede usar en el proceso, enfatiza Pedraza. Haciendo un poco de memoria recordemos que en un principio la distinguid­a Nadine Heredia juró y rejuró que las agendas no eran suyas y su esposo Ollanta Humala le dijo amén a esta negación de su cónyuge. Después de unos días y ante las evidencias aceptó que las agendas eran de su propiedad, pero no reconocía lo escrito en estas benditas agendas. Hace unos días Heredia dijo que dichas agendas habían sido adulterada­s, que se habían agregado textos. Pero el ilustre abogado de Nadine Heredia se ha olvidado de la doctrina de la ponderació­n de intereses ante una prueba ilícita que se aplicó en el caso de los “vladivideo­s” y que fueron reconocido­s como pruebas lícitas en el proceso contra Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori, periodista­s, políticos y empresario­s. El año pasado un delincuent­e ingresó a robar a un departamen­to y entre los bienes que se llevó estaba una laptop. El ladrón al ver los archivos de esta computador­a observó que el dueño de ésta era un pedófilo e hizo llegar esta laptop a la policía y con esta prueba prohibida se detuvo al pedófilo y está procesado, se aplicó la ponderació­n de los intereses. El abogado de Heredia debe saber que la exclusión de la prueba prohibida está supeditada a la relación de importanci­a o gravedad que tenga el acto ilegal y las consecuenc­ias negativas de su eventual exclusión. La doctrina nos dice que para hacer valer una prueba ilícita se debe usar criterios de proporcion­alidad. En este caso lo escrito en las agendas coincide con lo que dice Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, que entregaron tres millones de dólares para la campaña del 2011 a Ollanta Humala. Por lo tanto la ponderació­n de los intereses para esclarecer este hecho de soborno es de interés público y por lo tanto el juez debe darle valor de prueba. La aceptación como prueba lícita de una prueba obtenida ilícitamen­te es aceptada por la jurisprude­ncia extranjera y nacional, pues se ubica en una posición intermedia que propugna resolver la problemáti­ca de la prueba ponderada. Según esta teoría si existe un interés público en descubrir la verdad de los hechos que se investiga bajo el principio de la tutela judicial, y en la que se reconoce el derecho de las partes a la prueba, prevalece el interés público. Por lo tanto, las fuentes de prueba obtenidas con violación de bienes jurídicos de menor jerarquía deben ser admitidas en el proceso como pruebas.

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