Exfuncionarios gastaron más S/ 533 mil en irregular reubicación de comercios sin autorización
En el marco de las acciones del Megaoperativo de Control en la región, la Contraloría General halló irregularidades en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto debido el traslado de negocios privados que no tenían autorizaciones y estaban ubicados en el frontis de la feria Santa Fortunata (avenida Balta), en el cercado de la ciudad; así como por el gasto de S/ 533 532 para acondicionarlos.
El Informe de Control Específico N° 001-2023-2-0446, que evaluó los hechos ocurridos del 20 de agosto de 2020 al 21 de mayo de 2022, evidenció que durante la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la zona monumental”, la entidad suscribió un acta con los comerciantes de nueve quioscos, en el que se comprometía a reubicarlos.
Se determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en cinco gerentes y servidores que laboraron durante los años 2020 – 2022.
SIN AUTORIZACIÓN
Sin embargo, ninguno de estos comerciantes contaba con “Autorización de Funcionamiento Temporal”, que es expedida por la municipalidad, y, por lo tanto, no podían realizar actividades de comercio o servicios ambulatorios ni tampoco instalar quioscos. Tampoco se pudo evidenciar algún pedido y/u orden del día en las sesiones del Concejo Municipal para aprobar la reubicación de los puestos de venta, e inclusive el compromiso de reubicar a los comerciantes tampoco fue informado por parte del Subgerente de Abastecimiento y Comercialización de la entidad.
Pese a estos antecedentes, los funcionarios tomaron como justificación el acuerdo con los comerciantes para realizar una Inversión de Optimización de Ampliación Marginal
de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) y así trasladar los negocios hacia la avenida Balta, ocasionando que el municipio tenga un gasto valorizado en S/ 533 532 para ese propósito.
No obstante, la comisión de control determinó que el alcance, aplicación y condiciones de esta IOARR no cumplían con lo estipulado en la normativa vigente. Ya que estos nueve negocios no forman parte de un activo o Unidad Productora o integran una red de servicios públicos, ya que son de propiedad privada.
Por estos hechos, se determinó presunta responsabilidad administrativa y penal en el responsable de la Unidad Formuladora de la Subgerencia de Estudios de Inversión y el Subgerente de Abastecimiento
y Comercialización. También se determinó presunta responsabilidad administrativa el Gerente de Infraestructura Pública, Subgerente de Estudios de Inversión y el Gerente de Asesoría Jurídica de la municipalidad.
El Informe de Control Específico se remitió al alcalde provincial para que inicie el deslinde de responsabilidades administrativas; así como al Procurador Público Anticorrupción Descentralizado de Moquegua, para iniciar las acciones legales del ámbito penal, que correspondan.