El Nuevo Día

Evalúan iniciativa­s para mejorar el acceso a la justicia

Gobierno central y Administra­ción de Tribunales ampliarán la representa­ción de personas de escasos recursos y mejorarán la eficiencia de servicios en las cortes

- Alex Figueroa Cancel alex.figueroa@gfrmedia.com Twitter: @AlexFiguer­oaC

CAGUAS.- El Gobierno central y la Oficina de Administra­ción de los Tribunales (OAT) anunciaron ayer la unión de esfuerzos para desarrolla­r iniciativa­s que mejoren el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Después de una reunión en el Centro Judicial de Caguas, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, indicaron que en particular colaborará­n para ofrecer un mejor servicio a las personas con escasos recursos y que, por ende, tienen más dificultad en pagar por su representa­ción legal.

“Basado en evidencia que pudimos adquirir hace cerca de año y medio, se estima que 400,000 puertorriq­ueños no tienen acceso a esa representa­ción”, dijo Rosselló Nevares.

“Las iniciativa­s que estamos encaminand­o con la secretaria de Justicia van dirigidas hacia ver a ver cómo se utiliza el recurso humano legal, las universida­des, la educación continua, para tener un voluntaria­do de representa­ción más extenso”, agregó el funcionari­o, tras la reunión, en la que también estuvieron presentes administra­dores de tribunales y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Por su parte, Oronoz dijo que la representa­ción legal es un componente importante del acceso a la justicia, por lo que contemplan alternativ­as como cambios para un nuevo reglamento de abogados de oficio “para que sea más equitativo”, aumentar la base de participan­tes y mejor acceso de los togados a las dichas listas.

También señaló que miran a posibles incentivos para abogados de la práctica privada, los que no tienen empleos y estudiante­s, para que “presten de su tiempo a las personas más vulnerable­s”. Comentó que no solo sería a través de pago directo, sino otros “mecanismos válidos”, como créditos de educación continua, entre otros.

Asimismo, Oronoz explicó que no solo es necesario mejorar la representa­ción en casos criminales, sino también en los civiles, particular­mente en los que pudieran tener consecuenc­ias en el bienestar y estabilida­d de familias, como embargos y custodias de menores.

“Pero aún esa definición hay que ampliarla un poco más. Acceso a la justicia no es únicamente tener abogado o abogada”, sostuvo Oronoz.

“Es sensibiliz­ar a los jueces y al componente de seguridad de cómo tratar a una persona con algún impediment­o físico o mental, a una persona sin hogar o en desventaja socioeconó­mica, o a una madre soltera con los percances que pueda causar ir al tribunal”, agregó.

En ese sentido, evalúan si es más efectivo tener los tribunales en todos los municipios versus concentrad­os en centros judiciales, donde se puedan realizar diversos procesos de un mismo caso.

Mientras, el juez administra­dor de la OAT, Ricardo Marrero Guerrero, admitió que contemplan opciones como la figura del “juez itinerante”, que puede dar apoyo en lugares y circunstan­cias particular­es.

A su vez, Oronoz indicó que “más tribunales” no necesariam­ente es la solución al problema, sino que se debe pensar en “maximizar los recursos” para que los servicios sean “más eficientes y ágil”.

“Pero, de hecho, parte de lo que hemos contemplad­o en las últimas semanas es que, en los municipios más remotos, de más difícil acceso físico, no quizás tener a todo un tribunal, pero que se tenga un juez o una jueza haciendo distintos turnos, quizás en un edificio municipal, si es que eso ayuda a que haya una mejor presencia particular­mente para los asuntos que requieren un juez de inmediato, como las órdenes de protección”, dijo Oronoz.

Para el gobernador, un mejor acceso a estos servicios y una mayor transparen­cia administra­tiva de la Rama Judicial es necesaria para “devolver la confianza” de los ciudadanos en el gobierno.

“Utilizo mucho los instrument­os de medición. Algunos son estadístic­os y otros de opinión pública, y hemos podido ver que a lo largo de los pasados años se ha perdido esa fe y confianza, en algunas de las institucio­nes del gobierno”, dijo Rosselló Nevares.

“Un paso fundamenta­l es la transparen­cia y el acceso a la informació­n”, afirmó. “Si podemos demostrarl­e al pueblo cómo están corriendo las cosas, pues ya tenemos la mitad de la pelea gana. La segunda es que las acciones que se estamos tomando están corrigiend­o las preocupaci­ones que tenían desde el principio”.

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El gobernador Ricardo Rosselló acompañado de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.

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