CRECE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL
Bajo regulaciones del gobierno federal, ya hay cinco corporaciones dedicadas al cultivo del cannabis medicinal que han pagado $2.7 millones en impuestos Más de 200 corporaciones han tramitado solicitudes para establecer laboratorios, fábricas de manufact
Q Con una orden ejecutiva y un reglamento como marco legal, la incipiente industria del cannabis medicinal ha allegado al gobierno puertorriqueño $2.7 millones en aranceles en menos de un año.
Desde su regulación a finales de 2015, más de un centenar de empresas -muchas puertorriqueñas, pero también algunas extranjeras- han solicitado licencias para labores de cultivo, manufactura y dispensación del cannabis con fines medicinales con inversiones que se estiman en los cientos de millones de dólares.
La Oficina de Sustancias Controladas y Cannabis Medicinal del Departamento de Salud, que regula esta actividad, no ofreció los datos más recientes sobre la industria, pero, hasta noviembre pasado, solo para cultivo, se habían recibido solicitudes de licencia para alrededor de un millón de pies cuadrados de siembra.
Mayra Maldonado, quien dirigió el proyecto en la pasada administración, estimó que la inversión necesaria para establecer un negocio de cultivo está entre los $125 y $150 por pie cuadrado.
En noviembre del año pasado, cuando no se había cumplido un año desde que se abrieron las convocatorias, el programa de cannabis medicinal informó el cierre de las solicitudes para cultivo por entender que las certificaciones aprobadas eran suficientes para la demanda estimada para los meses subsiguientes.
En ese aviso, que se publicó en varios rotativos, se indicó que la determinación debía revisarse en un plazo de 45 días ante la posibilidad de que aumentara la demanda, pero el actual director de la oficina, Michael Rey, indicó a El Nuevo Día que aún está familiarizándose con sus nuevas funciones y que no tenía una decisión al respecto, ni sobre el cierre que se impuso un mes después sobre las solicitudes para establecer dispensarios.
Este diario solicitó las cifras más recientes en cuanto a licencias solicitadas y otorgadas para todas las actividades reguladas, desde el cultivo hasta los pacientes, pero el portavoz del Departamento de Salud, Peter
Quiñones, no proveyó la información luego de tres semanas de espera.
La pasada administración, que creó este programa tras una orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla, proveyó las cifras actualizadas hasta noviembre del año pasado.
Según esos datos, Salud había otorgado licencias de cultivo a cinco corporaciones que, en total, manejaban sembradíos en siete municipios de la Isla y que, en conjunto, habían pagado $385,000 en aranceles correspondientes a esta actividad.
Aunque el Departamento de Salud no ofreció cifras sobre la inversión total de estas empresas, tomando en consideración el pago de aranceles a noviembre de 2016, se puede determinar que, entre las cinco corporaciones que cuentan con las licencias
para cultivar, la empresa Puerto Rico Industrial Commercial Holdings, cuyos directivos, según una nota de prensa, son los venezolanos Mounir Kabche, Adán Blumenkrank y Tony Dahdah, tiene la mayor capacidad de producción, pues ha pagado impuestos por $165,000 correspondientes a 15 licencias de cultivo de 1,500 plantas cada una. A esta empresa le sigue la corporación de responsabilidad limitada Caribbean Green LLC, con pagos de aranceles por $60,000. Su agente residente y persona autorizada, según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, es Adam Callen, con domicilio en Río Grande.
Caribbean Green también ha pagado $5,000 en aranceles para establecer un dispensario y otros $7,500 para manufactura de productos de cannabis medicinal.
En el caso de IMC, Inc., los aranceles que ha pagado para cultivo suman $40,000, pero esta empresa registrada el 3 de junio de 2015 también ha pagado impuestos para manufactura, por $22,500, así como un pago final de $15,000 y otros $100 por cambio de nombre.
La corporación, conocida antes como Cannabis Enterprises, Inc., tiene como agente residente al abogado Pedro Ortiz Álvarez y su incorporador fue Alberto R. Burckhart Raldiris, quien, según su
perfil de la red social profesional LinkedIn, se dedica a las inversiones.
NextGen Pharma, LLC, llamada antes NextGen Group, ha pagado $54,000 en aranceles para cultivo. En el Registro de Corporaciones, aparece como persona autorizada
Julián Londoño, también presidente de la empresa de tecnología y sofware Softek.
La última de las cinco empresas que cuentan con todas las licencias requeridas para cultivar cannabis en Puerto Rico es First Medical Cannabis, LLC, que, como su nombre sugiere, está vinculada al plan de salud First Medical Health, de la familia Artau. Según el registro del Departamento de Estado, Eduardo J. Artau Feliciano es su agente residente.
First Medical Cannabis, LLC había desembolsado hasta finales de diciembre pasado $36,000 en aranceles, todos para cultivo. INVERSIÓN EN VEREMOS. Tanto la inversión de estas cinco empresas como la de las más de 200 corporaciones que han tramitado solicitudes para establecer laboratorios, fábricas de manufactura, dispensarios y los gastos de personas para obtener licencias ocupacionales están todos sujetos al reglamento 8766 del Departamento de Salud que la presente administración ha dicho que derogará. El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, indicó a este diario que ha iniciado conversaciones con el Departamento de Justicia y su secretaria, Wanda Vázquez, para redactar el proyecto de ley que sometería el Ejecutivo para regular la industria del cannabis medicinal en la isla.
Vázquez, por su parte, indicó a través de su portavoz, Mariana Cobián, que apenas comenzaban a darle forma a la medida, pero que podía adelantar que el proyecto que se redacte “seguirá lo establecido en el Plan para Puerto Rico”.
Ese documento, que el hoy gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó durante la campaña eleccionaria como su plataforma de gobierno, indica que se aprobará una ley para la investigación, regulación y dispensación del cannabis medicinal.
A renglón seguido, el documento lee: “Una vez aprobado el nuevo marco regulatorio según descrito, se derogarán la orden ejecutiva y el reglamento actual 8766 para la dispensación del Cannabis Medicinal”.
El profesor de Derecho Administrativo y Gubernamental, William Vázquez Ramírez, indicó que, en efecto, tanto la orden ejecutiva como el reglamento que esta viabilizó y que ha sustentado esta industria hasta la fecha, se pueden eliminar con solo una firma.
Pero, advirtió que, aunque legalmente el gobierno actual puede eliminarlo para implementar su política pública, debería tomar en cuenta también el mercado que se ha creado al amparo de ese reglamento, que, según datos extraoficiales, ya sobrepasa los 2,040 pacientes alrededor de la isla.
“El otro problema es, aparte de lo legal... la confianza creada, las expectativas creadas sobre la posibilidad de esa actuación, y hasta qué punto ha habido, se ha generado un mercado”, indicó Vázquez Irizarry.
El reglamento 8766, un documento de 169 páginas aprobado en julio del año pasado, sustituyó al 155, que había entrado en vigor seis meses antes, en diciembre de 2015.
Maldonado reconoció que, por tratarse de un tema desconocido en la Isla, el reglamento que redactaron inicialmente se quedó corto y no atendía la multiplicidad de aspectos que componen esta industria, pero aseguró que el documento que lo sustituyó, el 8766, fue el producto de meses de experiencia y análisis y que le sirve adecuadamente a los empresarios, médicos, trabajadores y pacientes que deben regirse por él.
“Todo reglamento y toda ley siempre puede mejorar, pero, en cuanto a rigurosidad, yo creo que, si en algo yo pequé, fue en ser rigurosa, exactamente porque estábamos tratando con una orden ejecutiva, con (un asunto que está relacionado con) la Ley de Sustancias Controladas y porque estábamos trabajando con algo novel aquí en Puerto Rico”, indicó la exfuncionaria, quien se desempeñaba como asesora legal de la anterior secretaria de Salud,
Ana Ríus, cuando recibió la encomienda de crear el programa de cannabis medicinal.
“El reglamento se hizo con esa especificidad y con esa rigurosidad para nosotros darle fiel cumplimiento a los requisitos del gobierno federal”, añadió Maldonado.
Rey, por su parte, adelantó a este diario que, hasta la fecha, no anticipa enmendar ni derogar el reglamento hasta que se apruebe la legislación.
“No estoy vislumbrando hacer cambios en las reglamentaciones. Eventualmente, entiendo que sí los vamos a tener que estar haciendo, pero creo que esos cambios los vamos a estar haciendo cuando tengamos la legislación”, sostuvo el funcionario, quien también ocupa el cargo de asesor legal del secretario Rodríguez Mercado.
En las 169 páginas del reglamento, se establecen parámetros sobre todas las etapas de la producción y tan específicos como el lugar donde los trabajadores y visitantes de un área de cultivo deben colocarse la tarjeta de identificación -para asegurar que las cámaras de seguridad la capten en todo momento-, la distancia y altura que debe comprender la verja de seguridad que rodee las instalaciones, la edad y el número de visitantes que pueden recibirse en un centro donde se cultive o manufacturen productos del cannabis, los requisitos que debe cumplir una persona para trabajar en esta industria, la cantidad de cannabis que puede recetarse o la vigencia de la receta de los médicos licenciados.