Hacia un país competitivo que apuesta a su desarrollo
Empresarios, economistas y científicos sociales hablan de cómo mejorar el clima de inversión y de hacer negocios en la isla
Puerto Rico es un punto casi imperceptible en el globo terráqueo, pero su música, la calidad del café, la gastronomía, el peritaje de sus profesionales y el talento de sus artistas, entre otros, son conocidos a lo largo y ancho del planeta desde hace décadas, además de haberse destacado por ser un centro de manufactura de fármacos de clase mundial.
No obstante, enfrenta también muchos desafíos, la mayoría relacionados con su desarrollo socioeconómico, una fragmentación del tejido social, una infraestructura física deteriorada y una deuda gubernamental que asfixia. Hasta ahora, los actores políticos, empresariales, comunitarios y gubernamentales no han logrado concertar un plan de país que permita salir del estancamiento, mejorar la calidad de vida y generar un desarrollo sustentable, pese a los múltiples debates e ideas que han presentado estos durante más de una década.
La semana pasada la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el plan fiscal del gobierno central y en dicho documento se presentan unas guías sobre cómo facilitar el clima de inversión y el hacer negocios en la isla. Entre los puntos que menciona figura que Puerto Rico ocupa este año el puesto número 68 entre 190 países en el índice de hacer negocios (“Doing Business Index”) del Banco Mundial, una baja de nueve puntos en comparación con el año anterior, y muy por debajo de Estados Unidos que está en la posición número seis.
El índice incluye variables como facilidad para empezar un negocio, registrar una propiedad, obtener electricidad y el manejo de los permisos de construcción. En particular, en este último Puerto Rico ocupa el puesto 138 de 190, aunque ha avanzado 20 espacios desde el 2015, cuando estaba número 158. “Es un avance bueno, pero hay mucho todavía por mejorar. Deberíamos aspirar a estar entre los primeros 10 países del mundo, ser uno de los más competitivos y de los más fáciles para hacer negocios”, aseveró el ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores.
Por años, Puerto Rico ha intentado simplificar y agilizar el sistema de permisos, pero no ha tenido éxito. Para Colón Zavala, el problema fundamental estriba en que el trámite está desparramado por todo el gobierno y hace falta voluntad y unidad de propósito para mejorar dicho proceso. “El reto más grande que tiene el gobierno es alinear a sus propias agencias hacia un fin común: agilizar el proceso de permisos. En Recursos Naturales, los permisos no salen por burocracia, tardan hasta dos años, y con eso no se protege, ni más ni menos, al medio ambiente. En (la Autoridad de) Carreteras ocurre lo mismo; y la consecuencia es que la gente resuelve su situación sin sacar el permiso, eso es peor”, manifestó.
Aclaró el ingeniero que agilizar no es sinónimo de obtener. “Lo que hace falta es que te digan sí o no con prontitud”. Tampoco se trata de desproteger el medio ambiente, añadió.
Explicó que la Asociación de Constructores ha propuesto un sistema de manejo de permisos
“Deberíamos aspirar a estar
entre los primeros 10 países del mundo, ser uno de los más competitivos”
EMILIO COLÓN ZAVALA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES
“Está comprobado que la economía estaría mejor si
se apoyara lo que se produce en el país”
WALESKA RIVERA
EXPRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
“Es un mito que
si se eliminan
derechos, eso le da certeza al inversionista”
MARÍA DE LOURDES LARA
DIRECTORA EJECUTIVA DE AGENDA CIUDADANA
basado en el impacto ambiental. Si el uso de la propiedad es el mismo, el permiso debe otorgarse en 24 horas o menos; si el proyecto tiene un impacto ambiental no significativo (ej: remodelar un edificio) el proceso debería tardar no más de 30 días; y si tiene un impacto significativo debiera decidirse en no más de seis meses.
La Ley 19 de 2017 establece que todo permiso necesario para montar un negocio se gestione en un solo lugar: en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), y su fin es agilizar esa gestión. Sin embargo, el reglamento aún no está listo, y aunque la OGPE está falto de personal, según Colón Zavala, ello no puede ser excusa para no resolver la problemática.
“Ha llegado el momento de concluir la reforma de permisos. Si no lo hacemos, perderemos fondos federales para la reconstrucción y la gente seguirá construyendo sin permisos”, expresó el ingeniero.
El mejorar el clima de inversión y de hacer negocios ha sido también una de las preocupaciones de
Waleska Rivera, presidenta de Danosa Caribbean y expresidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Esta aboga porque se incentive y se fortalezca el capital local, algo que, según ella, no se promueve en la isla.
APOYO A LA INVERSIÓN LOCAL
“En todas partes del mundo favorecen los negocios de su jurisdicción, incluso en Estados Unidos, y solo en Puerto Rico no es así”, expresó, al tiempo que lamentó que se beneficie más al empresario e inversionista de afuera que al local.
Enfatizó que por cada $1 que se compra de productos hechos en Puerto Rico, se revierten 70 centavos a la economía local. “Está comprobado que la economía estaría mejor si se apoyara lo que se produce en el país”, dijo Rivera, quien lucha para que se incentive a la producción, en vez del consumo. “Dinero que no se usa para invertir y solo se consume lo que hace es sacar dinero del país para fortalecer otras economías y no la nuestra”.
Además de la necesidad de bajar los costos energéticos, de agilizar el proceso de permisos y de que haya reglas claras a la hora de invertir, la empresaria recalcó que los incentivos deben atarse como requisito a que se usen productos y servicios locales, de manera que pueda fortalecerse el ecosistema empresarial local. “Aquí no hay desarrollo económico, y si no lo tienes, ¿cómo se va a pagar la deuda? No se va a poder cumplir con el plan (de la JSF)”, advirtió la expresidenta de los Industriales.
El Grupo Guayacán, entidad que por 22 años ha contribuido a gestar un desarrollo económico sostenible, coincidió con otros entrevistados en que en esta coyuntura económica y fiscal, la ruta que Puerto Rico debe seguir es la del emprendimiento y la inversión privada.
Su directora ejecutiva, Laura
Cantero, expresó que los emprendedores “necesitan más apoyo que nunca” y urgió al gobierno a trazar una política pública que estimule el desarrollo de nuevos negocios y fortalezca a los ya existentes para que puedan crecer, en y fuera de la isla. “Solo así lograremos lo que tanto aspiramos, que nuestro sector empresarial nativo sea el protagonista de la recuperación económica y social del país”, aseveró la experta en temas de inversión.
“Además, nos urge diseñar e implementar políticas públicas dirigidas a desarrollar innovación, conectar al sector universitario con el ecosistema empresarial y fomentar el desarrollo de nuevos vehículos de inversión en capital privado”, sostuvo Cantero. Añadió que hace falta una gobernanza sólida que promueva la continuidad a pesar de los ciclos políticos, así como crear políticas atadas a indicadores de impacto para promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Por su parte, el economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, José Caraballo Cueto, estuvo de acuerdo
con la JSF en que para mejorar el clima de inversión y ser más competitivo, Puerto Rico debe reducir el costo del kilovatio y trabajar para poner al día el registro de la propiedad, entre otras medidas. Sin embargo, mostró reservas con el plan fiscal y con ciertas posturas de la Junta, pues a veces, según él, el organismo parece contradecirse -como en el tema del costo energético- y porque tampoco ha presentado los análisis que justifiquen sus propuestas.
FALTA ANÁLISIS
“Aquí hay una falacia de que no hacen falta más análisis, pero no sabemos cómo ha mejorado el clima de negocios después de la reforma de permisos, o cuántos negocios informales hay. No sabemos cuántos días, en promedio, tarda obtener un permiso de uso, ni cuánto toma aprobarle incentivos a una empresa foránea versus a una local, ni la proporción de empresas foráneas que tienen incentivos”, sostuvo el expresidente de la Asociación de Economistas.
Opinó que para mejorar el clima de inversión en el país es necesario eliminar las leyes de cabotaje y el impuesto al inventario, y lamentó que la JSF no se haya expresado sobre esos dos temas.
De otro lado, en la isla hay miles de negocios informales que no tienen permisos, y Caraballo Cueto sugirió que el gobierno los ayude a entrar en la economía formal, pero sin ser punitivo. Esto beneficiaría a la economía, pues el gobierno recaudaría más ingresos y las microempresas podría recibir acceso a financiamiento y ayudas para que puedan crecer y generar más empleos.
Con él coincidió por separado la economista y socióloga Marcia Rivera. Esta hizo un estudio en el año 2006 en cientos de comunidades en la isla y encontró 6,000 microempresas informales, muchas con más de 10 años en operaciones. “Encontré emprendimientos con enorme potencial, con gente de bien, que querían salir adelante pero que al haber iniciado y continuado operaciones sin permisos, se les hacía imposible legalizarlos, pagar las multas, recargos y penalidades acumuladas”, expresó la socióloga.
A LEGALIZAR NEGOCIOS INFORMALES
Sostuvo que en esta coyuntura, el gobierno podría promover la legalización de muchas microempresas, ayudarlas en la gestión de permisos, ofrecerles cursos de empresarismo y darle apoyo técnico por tres años. Si al cabo de ese tiempo, quedaran negocios sin legalizar su operación, entonces podrían proceder a cerrarlos.
La economista indicó que con esta iniciativa, se podría impulsar la economía verde -tendiendo puentes entre el turismo, la agroecología y el desarrollo local-, así como el reciclaje y el desarrollo de tecnologías para muros verdes y huertos urbanos, entre otros. Negocios de diseño y de producción de sistemas de energía solar, viviendas prefabricadas, cooperativas de transporte entre regiones y municipios son otras opciones que pueden crearse, dijo la también ex jefa de la delegación oficial de Puerto Rico ante la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2013 al 2015.
Además, “hay un margen amplísimo para el desarrollo de una excelente industria nacional innovadora de alimentos, si esta se asocia con las iniciativas de revitalizacion de la agricultura”, agregó la economista. Mientras, la directora ejecutiva de Agenda Ciudadana, María de Lourdes Lara, mostró preocupación por las propuestas de la JSF para mejorar el clima de hacer negocios y reducir la dependencia, pues, según ella, no se ajustan a la realidad sociopolítica, geográfica ni histórica de Puerto Rico. Ella teme que, de seguir el plan trazado, la isla no avance y se quede en un estancamiento.
Opinó que en Puerto Rico hay resistencia a conceptualizar y desarrollar proyectos sostenibles de lo que somos y podemos hacer, y se prefiere copiar modelos de Estados Unidos o de Europa, que no se adaptan a este entorno isleño y caribeño. Recomendó enfocarse en un modelo regional a 10 años, en el que se divida la isla en cinco regiones y se identifiquen los activos de cada zona, las oportunidades de desarrollo, así como los déficits y riesgos de cada grupo de municipios.
A REFORMULAR EL PAÍS
La también profesora universitaria instó a repensar a Puerto Rico. “No podemos construir a lo loco, hay que regresar a los centros urbanos y no movernos a las costas. Debemos pensar también qué ciudadanos tenemos ahora y que ciudadanos queremos tener en los próximos 10 años”.
De otro lado, sostuvo que un país desregulado no atrae la inversión. “Es un mito que si se eliminan derechos, eso le da certeza al inversionista. Por el contrario, en los países más desregulados aumenta la desigualdad, la inseguridad social, la violencia, y todo eso crea incertidumbre para la inversión”.
“Es contradictorio decir que se quiere generar una población bien educada", agregó,"cuando le quitan dinero a la Universidad y desalientan la formación académica del estudiantado. Las condiciones que se han generado es darles millones a empresas que no crean empleos permanentes ni bien remunerados y quitarle beneficios al trabajador. Los servicios esenciales están dictados ya, son pagar la deuda a los bonistas y volver a los mercados a tomar prestado, aunque para el pueblo sean la salud, la educación, la vivienda y la seguridad”, manifestó Lara.