Pedido de destitución en educación especial
Quejas por el trabajo de Johan Serrano
PADRES DE alumnos de educación especial exigieron ayer la destitución de la secretaria asociada de educación especial, Johan Serrano, durante una reunión que sostuvieron con la primera dama, Lucé Vela, en el Departamento de Educación (DE).
Así lo confirmaron varias de las madres del grupo.
“Se pidió la destitución”, informó Belinda Ramos, miembro del Comité Consultivo del DE en asuntos de educación especial. “Espero que se responda a nuestro reclamo porque pusimos bien explícitos todos los puntos por los que entendemos necesitamos ese cambio”, dijo.
Carlos Molina y Ángel Sánchez -padres ambos y funcionario del DE el segundo- detallaron algunas de las situaciones que siguen afectándoles a pesar del diálogo estrecho con La Fortaleza. Exigieron que se les honre su participación en la selección y evaluación de los facilitadores de educación especial; que se provean acomodos razonables a los niños en sus clases y evaluaciones; que se resuelvan irregularidades con el transporte escolar, con los servicios educativos y que se trate de manera digna a los padres.
Una de las situaciones que le plantearon a Vela y al secretario de Educación, Edward Moreno, fue el caso de Glenda Meléndez, una madre de Mayagüez contra quien la directora de la escuela de su hijo solicitó una orden de acecho.
Por otro lado, fuentes de este diario señalan que entre los empleados de la Subsecretaría de Educación Especial impera malestar por el trato que reciben de Serrano. Sin embargo, ayer el secretario Moreno le dio un espaldarazo.
“En la parte administrativa estamos contentos con el trabajo que ha estado realizando la licenciada. En la parte académica y programática creemos que la debemos fortalecer”, dijo.
Serrano llegó al DE a finales de 2009 como parte de la sindicatura que impuso el gobernador Luis Fortuño al DE.
“El grupo completo pidió la destitución de Johan y ya la habían pedido por escrito a La Fortaleza”, afirmó por su parte, Rosa Lydia Vélez, quien hace más de 30 años demandó al DE junto a otras familias en reclamo de educación especial adecuada para sus hijos.
Rosa Lydia ayer asistió a la reunión en su carácter personal, puesto que el Comité Timón de Padres del pleito se retiró de la mesa de diálogo desde que el año pasado los abogados del DE provocaron un tranque en el caso al negarse a indemnizar a las familias.
“Entregué una carta (a Vela) dándole seguimiento a la primera carta que le había dado al gobernador sobre problemas con los facilitadores (de educación especial). En esa carta le expreso que me retiro de la mesa de trabajo porque me siento muy decepcionada de cómo se manejó el caso con Denisse”, afirmó Nilda Forte, también del pleito de clase, refiriéndose a la expulsión de su hija de un centro educativo privado luego de que ella planteara a los administradores varias preocupaciones.
LUCHA EN LOS TRIBUNALES
Mientras en la sede del Departamento de Educación (DE) padres pedían la cabeza de la secretaria asociada de Educación Especial, Johan Serrano, en el Tribunal de San Juan se atendía una controversia relacionada a la demanda de clase que lleva esta población desde 1980.
Según explicó uno de los abogados de la clase, José Torres, lo que se dilucidaba ayer era si el DE estableció en el 2007 un sistema de información efectivo para el programa de educación especial, según acordado en el 2006 como parte del pleito.
“La clase demandante entiende que no cumplieron y, entre otras cosas, no es eficiente el sistema que tienen. Ellos dicen que se cumplió”, indicó.
La vista, sin embargo, quedó en suspenso para que los abogados de las partes se pongan de acuerdo respecto al testimonio de un testigo de defensa con quien el DE intentaría demostrar que la orden de establecer un sistema de información se cumplió lo mejor posible.
Entretanto, en el Tribunal Apelativo sigue pendiente otro asunto neurálgico: si el DE debe seguir pagando $2,000 de multa diaria por no haber cumplido con todas las estipulaciones (87) que acordó en 2002.
La agencia dejó de hacerlo en enero de 2011 y solicitó reconsideración al Apelativo, que en diciembre pasado le ordenó pagar.
Durante el presente gobierno también se ha paralizado el proceso para diseñar el modo en que el Estado habrá de indemnizar a los cientos de miles de integrantes de la clase.