Enmienda choca con ley federal
Carmelo Ríos dijo que la resolución será modificada
LA SOCIEDAD para Asistencia Legal advirtió ayer a la Legislatura que la propuesta enmienda constitucional para limitar el derecho absoluto a la fianza no establece las garantías mínimas necesarias para los acusados, por lo que, de aprobarse, estaría en violación de la Constitución federal.
De igual forma, señalaron que la exposición de motivos de la medida debe ser reescrita en su totalidad porque, en lugar de regular la imposición de la fianza, establece un proceso de castigo preventivo, algo que también es contrario a lo que establece a ley federal.
La resolución concurrente del Senado 60 propone una consulta al pueblo para que diga si debe enmendarse la Constitución de Puerto Rico para darle la discreción al juez de conceder o denegar la fianza a un imputado de asesinato en el que medie premeditación, deliberación o acecho, o en medio de un robo domiciliario, entre otros agravantes.
“Cuando uno lee la medida, se habla de criminales y delincuentes y eso hace patente su intención punitiva, lo que se quiere hacer es un castigo anticipado que está prohibido en la Constitución de Estados Unidos bajo el debido proceso de ley”, explicó Ana María Strubbe, abogada de la SAL.
Para que la enmienda pueda cumplir con la Constitución de Estados Unidos, a los acusados se les deberá garantizar, como sucede a nivel federal, derecho a un abogado a la hora de pasar juicio sobre la fianza, se obligaría a que un fiscal esté presente y la prueba a presentarse tendría que ser más robusta de lo que se requiere actualmente, explicó la abogada.
El presidente de la Comisión de Gobierno, que evalúa la medida, el senador Carmelo Ríos, anticipó que la resolución será enmendada.
HABRÁ ENMIENDAS
“Yo creo en la medida, pero eso no quiere decir que sea perfecta”, manifestó Ríos, quien admitió que no ha verificado si tiene los votos necesarios para su aprobación.
Además, anticipó que la medida debe bajar al pleno del Senado la semana próxima para dar tiempo a la Cámara de Representantes a que la evalúe.
La consulta está propuesta para agos- to, por lo que Ríos insistió en que también hay que dar tiempo razonable a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que pueda organizar la consulta.
En la vista de ayer, ni el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, ni la directora de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), Cyndia Irizarry, pudieron justificar estadísticamente cómo la limitación al derecho a la fianza de los acusados de asesinato ayudaría a combatir la criminalidad.
Somoza Colombani dijo que el propósito de la propuesta es aumentar el esclarecimiento de casos al evitar que los testigos se sientan cohibidos de declarar porque los imputados pueden salir libres bajo fianza, y sacar de la calle a personas potencialmente peligrosas.