RIGOR AL FISCALIZAR CENTROS DE ACOPIO
Las severas fallas en la fiscalización de los centros de acopio y venta de piezas de autos usadas, detectadas en una auditoría reciente, demanda que la actividad de los “junkers” sea objeto de supervisión activa y mucho más severa que ataque con rigor las
Las omisiones y el descuido en la supervisión de los depósitos de chatarra, que recae mayormente, -aunque no únicamente-, en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, han dado lugar a que unos 40 de estos centros estuvieran operando por la libre sin que hasta ahora ningún organismo del Estado se hiciera cargo de hacerles cumplir con los parámetros de calidad ambiental y el manejo de los desperdicios sólidos que se les exige a los demás establecimientos comerciales.
La auditoría mencionada, realizada por la Oficina del Inspector General al DTOP, reveló que dichos centros no cuentan con las licencias que les autoriza a dar servicios y que la agencia no los había visitado para corroborar que, además, cumplen con las disposiciones de los departamentos de Salud y Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental, la Oficina General de Permisos y el Cuerpo de Bomberos. En un operativo interagencial se detectó que algunos también hacían uso indebido del servicio de electricidad.
Son hallazgos que lamentablemente no causan sorpresa cuando hacemos memoria, por poner un ejemplo, del cúmulo de quejas de los ocupantes de viviendas y trabajadores en negocios cercanos a los “junkers” que viven a diario con la pesadilla de tener que combatir las sabandijas y animales rastreros y los malos olores que proliferan en lugares donde se da por igual la acumulación de piezas y de basura.
La peligrosidad para la seguridad ciudadana que representa la ubicación de estos depósitos, aprovechando las zonas poco urbanizadas de los pueblos, se manifiesta en la ocupación periódica que ha hecho la Policía en sus operativos de piezas como motores, transmisiones, puertas y guardalodos, robadas o con las series mutiladas, siendo uno realizado esta semana por la División de Vehículos Hurtados de San Juan en búsqueda de piezas y autos hurtados el más reciente del que tenemos conocimiento. Generalmente los negocios allanados carecen de los permisos de rentas internas o para recibir chatarra.
Aunque la auditoría de la OIG no alude a la actividad delictiva en estos depósitos, no hay duda de que su operación al margen de unos controles gubernamentales mínimos, da lugar a la tentación de que sean usados para recoger y vender piezas robadas. Ésta es una puerta que hay que cerrar mediante el poder de reglamentar, vigilar y fiscalizar que tiene en sus manos el Gobierno.
Otra instancia que hay que mejorar es la imposición de sanciones a los que se burlan de las agencias públicas. Las cantidades que se imponen como multas, que fluctúan entre $500 y $1,500 a unos negocios que mueven decenas y miles de dólares al mes, o los apercibimientos pro forma no representan de modo alguno un disuasivo a las prácticas irregulares detectadas y, por el contrario, dan a entender que su actividad no es vista como algo peligroso la cual alienta el hurto de vehículos de motor.
El cierre de los “junkers” sin permisos oficiales o que, teniéndolos, violentan unas mínimas normas de legalidad o de salubridad, es la medida cautelar que se perfila como la más efectiva para acabar con la irresponsabilidad, siguiendo un modelo que se ha adoptado con muy buenos resultados en los centros de acopio de cobre con miras a disminuir el hurto de este metal.