POR UN SISTEMA DE JUSTICIA SENSIBLE
Las inauditas circunstancias en torno al aborto de la joven Marilise Torres Rosado en el Centro Judicial de Hato Rey, sacan a relucir peligrosas fallas en el sistema de justicia criminal que, más allá de la necesaria investigación de estos hechos, sólo pu
Porque dos asuntos han quedado muy claros: que los actores que debieron asistir a esta mujer faltaron en algún modo a su responsabilidad de evitar esta traumática experiencia lastimosamente pública, y que el grado de insensibilidad del sistema es tal que perpetúa la agresión contra las mujeres que sobreviven a los estragos de la violencia machista.
En lo que respecta a la respuesta inmediata, se impone una investigación exhaustiva sobre los eventos y actores vinculados a este lamentable hecho para fijar responsabilidades y revisar para corregir las reglas y procedimientos que sostienen la violencia institucional desde un sistema que está llamado a garantizar justicia y protección a sus ciudadanos.
El expediente de este caso revela que tras la primera denuncia de Torres Rosado por violencia doméstica, en el 2011, se impuso una fianza en ausencia de $80,000 contra Pedro Santos Núñez sin que hasta la semana pasada se diligenciara su arresto.
En un país donde la violencia machista cobró 28 vidas el año pasado, la insensibilidad del sistema queda reflejada en las insólitas aseveraciones del fiscal Luis Barreto, de que cualquier policía que tuviera conocimiento de la orden podía arrestar al sujeto, lo que deprecia la obligación de someter a la justicia a alguien considerado peligroso.
Se sabe que la mujer solicitó una orden de protección en octubre, denunció a su presunto agresor en marzo, desistió de continuar el proceso y engendró con el sujeto a la malograda criatura.
Sabido es también que la esclavitud emocional que genera este tipo de violencia -el síndrome de la mujer maltratada-- dificulta a sus víctimas zafarse de las garras del agresor. ¿Qué tipo de asistencia recibió esta mujer de 23 años por parte de su familia y de su comunidad? ¿Qué seguimiento les dio el Estado a ella y a su hijo de cinco años, desde la primera denuncia de un evento de violencia en ese hogar?
Torres Rosado acudió al tribunal el martes último porque se haría constar la desestimación de una orden de arresto emitida en su contra para forzar comparecencia. ¿Cuánto hizo su abogado para evitarlo y demostrar la delicada condición de la mujer y para protegerla? ¿Por qué tanta severidad judicial hacia una víctima cuyo presunto agresor andaba libre por condescendencia del Estado?
Cierto es que el sistema de justicia debe hacer lo necesario para proteger a las víctimas de la violencia machista, pero no sometiéndolas a más violencia.
Tiene que utilizar todos los mecanismos necesarios que ya existen para procesar por su cuenta al agresor sin exponer a la víctima a nuevos agravios e incluso si esta víctima desistiera de la querella.
El sistema no puede ser una máquina de procesamiento de casos, insensible, implacable, rígida y leguleya. Le corresponde garantizarle seguridad y derechos a la ciudadanía, proveer a quienes urgen de su auxilio las herramientas que les ayuden a enfrentarse a los procesos que esa petición conlleva.
La humanización del sistema de justicia criminal comienza por cada policía, abogado, juez, fiscal, trabajador social y demás funcionarios cuya sensibilidad en la atención de un caso puede representar, para una víctima, la diferencia entre la vida y la muerte.