UN PACTO INMORAL EN LAS PRISIONES

La coadministración del Departamento de Corrección con grupos de confinados mediante pactos electorales, corrompe los procesos de adopción de políticas públicas, legitima el secuestro del sistema por parte de facciones y descarrila todo intento del Estado

Las revelaciones que surgen de una investigación de El Nuevo Día y que involucran al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al alcalde de Yauco, Abel Nazario y al exsecretario de Corrección, Carlos Molina, en pacto con la Asociación Ñeta en 2009, merecen, por tanto, ser respondidos con el compromiso expreso de los candidatos a la gobernación de suspender un mecanismo que compromete la verticalidad de la democracia y la independencia de Corrección.

Porque los partidos no pueden tener como regla de oro que toda acción o mediación esté permitida si a la postre atrae votos a sus insignias. Una victoria electoral que tiene que contar con la legitimación y negociación con asociaciones de convictos es, a todas luces, una verdadera derrota de la pulcritud y la entronización de un sistema de gobierno enfermo de su faz.

Pero es imperativo recordar que corresponde a Corrección -no a los confinados ni a los celestinos políticos que con ellos negocian- establecer los criterios que deben regir a la institución, y siempre desde mecanismos fundamentados en las leyes, en los estudios científicos de rigor y en el diálogo permanente con las distintas instancias que la componen. Lejos de cualquier negociación politiquera, se buscarán diálogos internos para la implementación de criterios que logren el fin verdadero de la cárcel: castigar proporcionadamente el delito y establecer eficazmente los mecanismos de rehabilitación.

El derecho al voto de que gozan en el País los presos no les representa un desmedido poder para negociar caprichos ni territorios en las cárceles. Cuando se cede a estas pretensiones, se prostituye el sistema proselitista de los partidos y se vulnerabiliza más la autoridad y la seguridad en las pri- siones.

El precio de las negociaciones establecidas con este grupo de parte de Rivera Schatz y otros políticos, se traduce ya en una reducción en el tiempo de las penas en un 25%, mediante el proceso de bonificaciones, incluidos los sentenciados por asesinatos premeditados.

También se ha creado el ambiente propicio para volver poco a poco a segregar a los presos según los distintos bandos internos; un cambio apetecido, no por criterios rehabilitadores, sino porque facilita el contrabando de drogas y teléfonos.

De hecho, miembros de las estructuras de mando de la organización Ñeta fueron acusados de traficar drogas y armas y se declararon culpables.

Todo este afán de negociación debe verse a la luz de la pesquisa que el FBI realiza sobre la actividad de narcotráfico en las cárceles a cargo de los Ñeta y sobre la posibilidad de que parte del dinero que genera esa actividad sea usado para costear campañas políticas.

Este perfil degradado de los políticos que negocian con grupos de convictos para aferrarse al poder, tiene antecedentes que sembraron la semilla de un mal fuera de control. De hecho, sorprende la dedicación del entonces secretario general del PPD, Ferdinand Mercado, para responder con tanta solicitud a los reclamos de los Ñeta. ¿Hubiera respondido con igual prontitud a ciudadanos ejemplares organizados que exigieran cambios estructurales sin aceptar que se hubiera puesto precio a la dignidad de su voto?

Ningún político tiene derecho a comprometer la estabilidad de la democracia entregándosela al caprichoso sentir de organizaciones de confinados. Ninguna asociación de presos tiene derecho a facilitar, desde sus intereses creados, quién ha de gobernar en nuestro país.