LLAMADOS A TOMAR ACCIÓN
Lluvia de referidos a Justicia en el informe sobre el fraude electoral ocurrido en la ciudad de Guaynabo
Recomendaciones del comité ad hoc también “mojan” a la CEE y la Asamblea Legislativa
EL INFORME sobre el escandaloso fraude electoral en Guaynabo contiene recomendaciones y hallazgos contundentes que buscan obligar a tres organismos públicos -incluido el Departamento de Justicia- a actuar sobre las ilegalidades cometidas en las primarias del pasado 18 de marzo.
Las otras dos instituciones llamadas a tomar acción son la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la Asamblea Legislativa, según el informe que presentará a las 6:00 p.m de hoy el comité ad hoc que investigó el fraude primarista, supo anoche El Nuevo Día.
El documento también le imputa negligencia al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por no ordenar una pesquisa de los policías y empleados municipales vinculados al esquema fraudulento desde que este diario destapó el escándalo el 1 de mayo, trascendió.
En manos de Justicia recaerá la responsabilidad de investigar y procesar criminalmente a todos los implicados en las irregularidades por delitos que van desde falsedad ideológica, encubrimiento, conspiración y perjurio hasta violaciones al ordenamiento electoral, si el pleno de la CEE acoge el informe.
En ese sentido, se recomendará a la CEE que todos los policías y empleados municipales que fueron citados a comparecer ante el comité ad hoc por hacer mudanzas fatulas deben ser referidos a Justicia por el delito de falsedad ideológica, al mentir a la CEE sobre su lugar de residencia para votar por el aspirante Antonio “Tony” Soto.
Igual suerte correrá un directivo del Consorcio Municipal de Guaynabo, identificado como Raúl San Inocencio Vázquez, quien se escondió para no ser emplazado por la CEE, según reportes recibidos por el comité ad hoc.
Por ese mismo delito de falsedad ideológica, el informe recomienda que se investigue y procese a Norma Miranda Gallardo, ayudante de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, y a su hermana Iris A. Miranda Gallardo. Ambas confesaron haber realizado transferencias ilegales de residencia, pero para votar por el representante Ángel Pérez.
FALSEDAD IDEOLÓGICA
El Código Penal establece que “toda persona que con intención de defraudar haga en un documento público o privado declaraciones falsas concernientes a un hecho del cual el documento da fe y, cuando se trate de un documento privado, tenga efectos jurídicos en perjuicio de otra persona” incurrirá en el delito de falsedad ideológica, la cual está tipificada como un delito grave de cuarto grado que conlleva pena de cárcel.
El jefe de la Policía Municipal de Guaynabo, coronel Ángel Venegas González, y el segundo en mando de ese cuerpo serían también investigados por el delito de encubrimiento.
En aquellos casos en que dos o más policías informaron falsamente a la CEE que vivían en una misma resi-
dencia, el informe recomienda que Justicia los investigue por conspiración. Ese es el caso de Martínez y de la teniente Zuleyka León, quienes mintieron al informar que vivían en una misma dirección, en la urbanización Ponce de León de Guaynabo.
El informe recomienda, además, que Justicia investigue a las demás personas que Pérez menciona en su querella por presuntamente hacer transferencias ilegales y que no fueron ci- tadas por el comité ad hoc.
Asimismo, hubo varios casos de testimonios contradictorios, por lo que Justicia deberá determinar si alguno de los testigos incurrió en perjurio. Venegas González, por ejemplo, negó bajo juramento que el alcalde O’Neill le hubiera pedido el 2 de mayo un informe de los policías implicados en el fraude. O’Neill presentó esa carta al comité ad hoc.
Otros testimonios contradictorios fue-
PRIMICIA
El escándalo de mudanzas fatulas en Guaynabo, como parte de un esquema para favorecer al aspirante Antonio “Tony” Soto, fue revelado por una pesquisa de El Nuevo Día el 1 de mayo pasado. ron los del sargento Leonardo Santos Cruz, quien no participó del escándalo, y el del teniente Rafael Rodríguez. Santos Cruz dijo al comité ad hoc que Rodríguez le confesó que se sentía mal por los acercamientos que recibió para participar en el fraude, pero este último lo negó, dijo una fuente.
Cuando el pleno de la CEE analice el informe tiene la facultad de recomendar referidos adicionales a los sugeridos por el comité ad hoc, basado en los hallazgos de la investigación.
Fuera del ámbito criminal, el informe también recomienda que la CEE amplíe la investigación para determinar si las empleadas de las oficinas de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) que atendieron a los policías y empleados municipales que hicieron mudanzas fatulas incurrieron en irregularidades.
También se recomienda investigar si las empleadas de la JIP recibieron una supervisión adecuada. Por último, el informe sugiere una reestructuración de la operación completa de la JIP.
Otro señalamiento del informe implicaría un referido a la Legislatura para que enmiende el Código Electoral de Puerto Rico para el siglo XXI. Específicamente, se recomienda revisar el artículo 12.018, que establece que inscribirse con datos falsos es un delito grave. El problema es que ese artículo no habla de transferencias de dirección ilegales, por lo que no aplicaría al caso de Guaynabo.
LUPA A PÉREZ Y SOTO
Los miembros del comité ad hoc llegaron a debatir si hacían una recomendación al PNP para que inhabilitara a Pérez y a Soto como candidatos para darle paso a una tercera opción. En caso de que hubiera más de un candidato disponible para la candidatura a representante por el distrito 6, el PNP debía realizar una primara costeada con su fondos privados.
Pero, en ánimo de aprobar un informe de consenso, los proponentes de la recomendación accedieron a modificarla. Finalmente, se recomendó que la CEE investigue si las figuras cercanas a Pérez y Soto vinculadas directamente con el fraude mancharon a ambos aspirantes.
De ser así, la CEE deberá pronunciarse en torno a las cualificaciones de Pérez y Soto para ser candidatos.
Sobre este escándalo, el gobernador Luis Fortuño alegó ayer -tras la inauguración de una fábrica en Añasco- que no titubeará para actuar legalmente contra cualquiera que haya cometido fraude electoral.
No obstante, Fortuño evitó aludir a O’Neill. “Sería incorrecto de mi parte asumir que van a implicar a una persona o a otra. No importa a quién afecten los hallazgos, sea del liderato de mi partido, del distrito 6 o del liderato del PPD en Villalba... no importa si sea en una o en otra, yo voy a referirlos al Departamento de Justicia”, sostuvo el primer ejecutivo.
“Hay que esperar que la CEE termine sus hallazgos y a base de los hallazgos no me tomará ni un minuto hacer el referido al Departamento de Justicia. Sea quien sea”, agregó el gobernador.