A PRUEBA JUSTICIA FRENTE AL FRAUDE
Los serios hallazgos de conspiración, encubrimiento y negligencia incluídos en el informe del comité ad hoc de la Comisión Estatal de Elecciones que investigó el fraude primarista en Guaynabo, imponen al Departamento de Justicia el deber de procesar con e
Además de la comisión de violaciones a leyes electorales y al Código Penal, se afirma que en el informe entregado anoche al presidente de la CEE, Héctor Conty, el comité hace señalamientos respecto a la negligencia en que incurrió el alcalde novoprogresista de Guaynabo, Héctor O´Neill, al no ordenar una investigación interna -al nivel de la administración municipal que regenta- tan pronto se divulgaron los primeros indicios del condenable fraude en la jurisdicción bajo su responsabilidad oficial y política.
Y esa negligencia es algo grave, porque la indiferencia no es pasividad: es una acción muy concreta de complacencia ministerial frente al delito. Así que la “negligencia” debe ser investigada y atendida en su justo lugar.
En cuanto a Justicia, no es que simplemente acoja un eventual referido de parte del presidente de la CEE; es que el secretario Guillermo Somoza, demuestre voluntad para perseguir el delito con profesionalismo, responsabilidad y prontitud, sin sentarse sobre los hallazgos hasta que el paso del tiempo complazca las agendas políticas.
El comité ad hoc presidido por la exjueza Carmen Ana Pesante ha descargado su encomienda y es lo que se espera también del brazo investigador de la justicia cuando se pongan en sus manos las primeras evidencias.
La Asamblea Legislativa y la CEE son compelidas también a sumarse a las acciones correctivas y ejemplarizantes que demandan las violaciones a los estatutos electorales, conspiración y encubrimiento, según fueron patentemente establecidos durante la investigación.
El menú servido durante la primaria del Partido Nuevo Progresista en el distrito representativo compuesto por los municipios de Guaynabo, Bayamón y Cataño, no sólo no es dietético, sino que exhibe gula electorera, e incluyó la co- misión de falsedad ideológica por parte del comandante de la Policía Municipal de Guaynabo, Ángel Venegas, del capitán Wilfredo Martínez, de varios agentes del referido cuerpo municipal de seguridad, de Norma Miranda Gallardo, ayudante de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, y de una hermana de la referida empleada.
A todos -o a algunos de ellos- también se les habría imputado encubrimiento o conspiración -o ambos delitos-, fácilmente detectables mediante los testimonios prestados por los funcionarios y electores que decidieron comparecer a las audiencias del comité, como en los casos de las hermanas Miranda Gallardo, aceptando la comisión de dichos desmanes electorales. Tan pronto Justicia reciba el referido de la CEE, deberá iniciar los procedimientos de rigor para obligar a testificar a quienes burlaron las citaciones del comité, incluyendo a Raúl San Inocencio, uno de los directores del Consorcio Municipal de Guaynabo.
En resumen, Justicia tiene taller suficiente y trascendental por delante y el País estará ojo avizor sobre el alcance de la investigación que le compete.
Está claro que toda violación a las leyes establecidas por una sociedad democrática tiene que ser enjuiciada y castigada una vez probada en los tribunales.
Pero cuando se trata de violaciones criminales que además infligen un duro golpe a la base misma de la democracia -a la confianza del pueblo en el sistema electoral- debe ser extremadamente riguroso y ejemplarizante el castigo a imponerse por tal fechoría contra el Estado.
Hay mucho que hacer para adoptar mecanismos que eviten que el pueblo de Puerto Rico vea la repetición de procesos vergonzosos como el que se anidó en los eventos electorales del pasado 18 de marzo.