Cortan contratos del gasoducto
Fortuño insiste en consultar a federales Ayer cancelaron uno y durante esta semana eliminarán otro
TRAS CANCELAR ayer el contrato a los consultores ambientales del gasoducto, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hará lo mismo durante esta semana con la compañía encargada del manejo y supervisión de la construcción de la obra.
El ingeniero José Ortiz, presidente del ente rector de la AEE, confirmó que el contrato de $6 millones con Unipro Architects, Engineers & Planners se dará por terminado “esta misma semana”, ya que el concepto original del gasoducto “quedó descartado”.
El socio-gerente de Unipro Architects, Engineers & Planners, Carlos Pérez Bras, dijo a través de su portavoz de prensa, Tommy Kierce, que desconocía sobre la cancelación del contrato.
Fue Ortiz quien ordenó la cancelación del contrato de $2.6 millones con Asesores Ambientales y Educativos, Inc., luego que El Nuevo Día revelara que la firma -registrada como una corpora- ción sin fines de lucro-, recibió una extensión de un año y un aumento de $669,000 el pasado 31 de mayo. Para esa fecha, el gobernador Luis Fortuño ya hablaba de opciones más rápidas y baratas que el gasoducto.
Fortuño, de paso, reiteró que referirá al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) y a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) el informe que recibió del Comité Intersectorial de Cumplimiento Ambiental y Alternativas Energéticas (CICAAE) y que plasma tres posibles sustitutos del gasoducto.
Su intención -dijo- es que las agencias federales lo ayuden a escoger “la (opción) que -de forma segura y más barata posible- entregue en el área norte el gas natural en las cantidades que ahora necesitamos”.
Sin embargo, Mary Mears, portavoz de la Región 2 de la EPA, aclaró que esa agencia no realiza análisis económicos de proyectos. “Nuestros asuntos tienen que ver regularmente con que los proyectos cumplan las regulaciones ambientales”, dijo.
Por su parte, Nancy Sticht -portavoz del USACE- señaló que los costos de los proyectos sí forman parte de la evaluación que realiza esa agencia para determinar viabilidad.
Al cierre de esta edición, ni la EPA ni el USACE habían recibido copia del informe del CICAAE.
Sticht reiteró que el USACE tampoco había recibido peticiones formales para detener su evaluación de la solicitud de permiso del gasoducto o enmendar el contenido de la misma.
Las tres alternativas al gasoducto que recogió el CICAAE en su informe y que estarían bajo evaluación de las agencias federales son: un terminal flotante en Aguirre, del que saldrían barcos más pequeños para suplir gas natural a las centrales; una boya con barco tanquero al norte de Toa Baja, que estaría conectada a una tubería submarina para transportar el combustible; y traer gas natural comprimido a través de un terminal en la costa norte.
COSTOS INDETERMINADOS
Ortiz alegó desconocer aún cuánto le costará al país la cancelación de los contratos del gasoducto, obra para la que ya se han desembolsado $31.6 millones, según el propio ingeniero.
Indicó que le pidió a un asesor legal de la AEE que le rinda un informe sobre qué labores realizaron los contratistas para proceder con los pagos pendientes, si así procede. Los resultados de ese informe se sabrían hoy mismo.
“No tengo ninguna reacción, eso es una determinación de la AEE”, expresó el consultor de Asesores Ambientales y Educativos, Inc., Daniel Pagán, cuando este diario le solicitó entrevista.
En tanto, el director de la corporación sin fines de lucro, Yousev García, se limitó a decir que “la AEE conoce cuáles son sus necesidades y determinará cómo atender las mismas según su criterio experto”.
Fortuño describió como “correcta” la cancelación del contrato pues, según sostuvo, había impartido instrucciones para que los otorgamientos se hicieran “de forma prudente”.
Ortiz explicó que Asesores Ambientales y Educativos, Inc. había solicitado un aumento de contrato por $3.5 millones, pero que la Junta de Gobierno de
la AEE le otorgó un cambio por $669,000.
Tal como había adelantado este diario, el cambio se aprobó en diciembre pasado, pero la dirección ejecutiva de la AEE lo firmó en mayo.
Ortiz informó que el único contrato que permanecerá “vigente, pero detenido” es el de $2.9 millones con New Star Acquisitions, Corp., encargada de las expropiaciones.
“Se quedará vigente para hacer los trámites de revertir las expropiaciones, de ser necesario. Responsablemente no puedo decir que será cancelado porque pueden quedar propiedades en el aire”, manifestó Ortiz.
En entrevista reciente, el presidente de New Star Acquisitions, Corp., Dennis Medina, detalló que en el Tribunal de Expropiaciones de San Juan quedaban activos 160 casos relacionados al gasoducto. Todos, dijo, son de expropiaciones de servidumbres de paso. También quedaban pendientes casos de cinco familias que habían firmado acuerdos de compraventa, pero que aún no habían recibidos sus cheques.
“NORMAL” LA CONSULTORÍA
El presidente del CICAAE, Pedro Nieves, señaló que “es normal” que las agencias estatales recurran a las federales como consultores de proyectos.
“Podemos ir a las agencias y hacer consultas informales porque son aspectos bajo su reglamentación. El tiempo está corriendo y es limitado”, dijo Nieves en referencia a que la opción que finalmente sustituya al gasoducto deberá estar lista en el 2015, cuando entran en vigor las nuevas reglamentaciones de aire de la EPA.
De paso, el incumplimiento con esa fecha llevó al CICAAE a descartar el concepto original del gasoducto, específicamente el tramo de sur a norte. El gasoducto de 92 millas también se descartó por insuficiencia de suplido.
Nieves y Ortiz confirmaron que el informe del CICAAE no incluyó un análisis económico de las alternativas, aunque fue un aspecto que sí se evaluó. Según explicaron, el costo de las opciones se dejó fuera para “no darle herramientas” a las empresas que próximamente someterán propuestas y entrarán en competencia en aras de escoger la mejor opción.