Entre sombras hasta en su lecho de muerte
Confusión sigue rodeando al gasoducto
AÚN EN sus postrimerías, el proyecto del gasoducto sigue rodeado de confusión y falta de transparencia, al punto que los sectores opuestos al proyecto dudan sobre las nuevas intenciones gubernamentales de sustituirlo con un supertanquero, una boya en alta mar o trayendo gas natural comprimido.
“Se sigue repitiendo el mismo patrón que al principio”, comentó ayer el abogado ambiental Pedro Saadé, quien recordó que varios de los contratos del gasoducto se concedieron antes de la declaración de emergencia energética que dio paso a la obra.
Saadé hizo referencia, además, a que los estudios ambientales del gasoducto “se adoptaron a la ligera y sin participación ciudadana”.
El licenciado -quien asesora a algunas familias expropiadas por la tubería- señaló que el gobernador Luis Fortuño aún no se ha expresado claramente sobre la cancelación del concepto original del gasoducto.
El pasado viernes, tras recibir el informe del Comité Intersectorial de Cumplimiento Ambiental y Alternativas Energéticas (CICAAE), Fortuño consignó en un parte de prensa que la porción de sur a norte del gasoducto quedaba descartada.
Esa aseveración levanta más sospechas en Saadé pues, según advirtió, deja abierta la posibilidad de un gasoducto entre Arecibo y San Juan.
De paso, el ingeniero José Ortiz, pre- sidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), confirmó que un gasoducto en la costa norte es una opción que no se descarta, ya que se prevé suplir gas natural a los industriales ubicados entre Barceloneta y Manatí.
Saadé indicó que la idea de Fortuño de consultar el informe del CICAAE con agencias federales retrasa que el Gobierno asuma una “postura oficial y clara” sobre el gasoducto.
“El Gobierno está condicionando su postura sobre el gasoducto a lo que digan los federales”, expuso.
“DESHONESTIDAD”
Por su parte, Arturo Massol Deyá, portavoz de la organización Casa Pueblo de Adjuntas, dijo que “es bochornoso” que aún se mantengan vigentes contratos del gasoducto.
El líder comunitario se refirió al contrato de $2.9 millones con la compañía New Star Acquisitions, Corp., encargada de las expropiaciones.
Ayer, Ortiz ordenó la cancelación del contrato de $2.6 millones con Asesores Ambientales y Educativos, Inc. e indicó que se dará por terminado el de $6 millones con Unipro Architects, Planners & Engineers.
“La incompetencia (de estas compañías) con evidente deshonestidad profesional le ha provocado gran daño al país. Cancelar y retribuir debe ser la medida de mitigación inmediata a tomar por la Junta de Gobierno de la AEE. Ya tocará rendir cuentas al pueblo”, concluyó Massol Deyá.