GARRAS CONTRA LOS “FOUR TRACKS”
Las ocho muertes ocurridas en lo que va de año provocadas por el uso ilegal de los “four tracks” debe obligar a la Cámara de Representantes a coincidir con el proyecto aprobado hace tiempo en el Senado para regular estrictamente el uso de esos vehículos e
El más reciente accidente con un “four track” se informó hace apenas tres días, a consecuencia del cual un menor de cinco años de edad tuvo que ser recluido en el Hospital Pediátrico del Centro Médico con múltiples traumas, incluida una severa fractura craneal. El niño, Alexander Carrión Vicéns, sufrió las heridas cuando viajaba sujetado entre las piernas de su madre, Alba Vicéns Crespo, quien conducía el vehículo por una vía pública a manera de entretenimiento para ella y su niño.
Las noticias en torno a los accidentes de “four tracks” parecen ya lugar común en las calles y carreteras de la Isla, y en la mayor parte de los cuales la negligencia o la ignorancia de padres, abuelos, tíos u otros familiares aparecen como protagonistas de “entretenimientos” que tornan en pesadillas de muertes y heridas.
Y al acercarse el apogeo de la presente campaña electoral -durante la cual los adeptos a partidos y candidatos se apoderan ilegalmente de las calles y las carreteras con las nuevas caravanas de “four tracks”- los riesgos de más muertos y heridos, inclusive de personas ajenas a su bárbaro “entretenimiento” e indolencia, aumentarán peligrosamente.
Pero a los miembros de la Cámara de Representantes aparentemente no les importan las trágicas consecuencias de esa práctica. Hace algún tiempo está para su consideración un proyecto presentado por el senador Larry Seilhammer, y aprobado en la alta cámara, que regula drásticamente la venta, posesión, uso y manejo de los “four tracks” e incluye el poder del Estado para confiscarlos a través de la Policía al evidenciarse violaciones al estatuto.
La Ley de Tránsito dispone que estos vehículos no podrán desplazarse por autopistas, carreteras estatales y demás vías públicas. Pero dicha legislación no establece consecuencias mayores para los protagonistas de esas violaciones que, además, se cometen en muchas ocasiones en presencia de agentes del orden público.
Tras una reciente manifestación de propietarios y conductores de tales vehículos, la presidenta de la Cámara baja salió en defensa del llamado “deporte”, afirmando que, de hecho, debería aprobarse legislación “que complazca a todo el mundo” para regularlo.
Contrariamente a esa actitud de complacencia legislativa, pensamos que la aprobación de leyes tiene que estar inspirada en la protección del interés público, del interés apremiante de la seguridad de los ciudadanos.
Estando como está la Asamblea Legislativa a días de finalizar el período de aprobación de proyectos de ley en esta última sesión ordinaria del presente cuatrienio, parece oportuno que tanto la presidenta Jenniffer González como los miembros de la delegación de la mayoría del Partido Nuevo Progresista y la del Partido Popular Democrático de minoría, encuentren maneras de concurrir con el proyecto senatorial, de manera que la legislación se envíe para su firma inmediata al gobernador Luis Fortuño.
No debe haber más evasivas en el cumplimiento de un deber palmario del Poder Legislativo.