A palos contra la transparencia
Múltiples trabas impiden el acceso a informes de legisladores El Nuevo Día los invita a dar a conocer sus informes de manera voluntaria
EL PROPÓSITO de la Ley de Ética Gubernamental, implantada hace 27 años, fue “restaurar la confianza del pueblo en su Gobierno y en sus funcionarios públicos”, mediante la recopilación de la información financiera de los funcionarios, de modo que el país supiera cuáles eran sus haberes económicos al llegar al puesto oficial y de qué manera, si alguna, cambian mientras están ejerciendo funciones oficiales.
Así mismo, otras leyes y reglamentos fueron aprobados durante los años subsiguientes, para que el país tuviera una idea de la situación económica de las personas que le sirven desde puestos oficiales.
Pero recientemente la tendencia se revirtió y, con el tiempo, la Legislatura y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) han ido haciendo más difícil el acceso del público a la información financiera de los funcionarios, principalmente los legisladores, lo cual es una de las herramientas más importantes para detectar e, incluso, disuadir ciertas modalidades de corrupción gubernamental.
Por esta razón, El Nuevo Día ha comenzado hoy un proceso de solicitud de los informes financieros de los legisladores, en las secretarías de la Cámara de Representantes y el Senado, indicó el director asociado de este diario, Benjamín Morales Meléndez.
Morales Meléndez indicó que también se le ha solicitado a cada legislador, de manera individual, que acceda a entregar copias de sus informes sin esperar por el engorroso trámite reglamentario.
“Hemos decidido tomar este paso como una medida para que el pueblo tenga acceso a una información que es fundamental para conocer quiénes son sus legisladores”, dijo Morales Meléndez.
Mediante el examen de los informes financieros de los legisladores, el periódico pretende que el público pueda tener el beneficio de conocer si las finanzas de sus legisladores son claras, plantean conflictos de intereses o hay datos que arrojen cuestionamientos sobre la legalidad de sus ingresos y la proporción de estos con el estilo de vida que ostentan, entre otros elementos que
nanzas de sus legisladores son claras, plantean conflictos de intereses o hay datos que arrojen cuestionamientos sobre la legalidad de sus ingresos y la proporción de estos con el estilo de vida que ostentan, entre otros elementos que legítimamente puedan ser parte del responsable escrutinio público al que debe someterse un candidato.
LA BARRERA DEL CÓDIGO
El Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, aprobado el año pasado, ha sido considerado por muchos como uno de los golpes más contundentes a la transparencia legislativa, debido a que eliminó el requisito de que los candidatos entregaran el estado financiero del año anterior a la radicación de candidatura y las planillas de contribución sobre ingresos de los cinco años anteriores a dicha radicación.
El secretario de la CEE, Walter Vélez, explicó que el Código Electoral “elimina las planillas y el informe financiero”. La legislación, tal y como fue aprobada el año pasado, solo requería una certificación del secretario de Hacienda de que el candidato había rendido sus planillas durante los pasados cinco años.
Esto solo confirma que el funcionario cumplió con la radicación, pero deja sin referente público alguno sobre sus ingresos, gastos, inversiones o conducta financiera.
La ley se enmendó en enero de este año, para restaurar el requisito de la presentación de las cinco planillas pasadas, en el caso de los candidatos legislativos, y de las diez planillas pasadas, en el caso de los candidatos a la gobernación. Pero en el momento en que fue aprobada ya había culminado el periodo de radicación de candidaturas pa- ra las elecciones de noviembre y solo aplica a los que aspiren en el 2016, dijo Vélez.
Los que resulten electos tienen que radicar un estado financiero auditado del año anterior para ser juramentados.
Por otra parte, los informes financieros anuales requeridos a los legisladores en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), entre otros funcionarios, siempre han sido de difícil acceso para el público. En el caso de los legisladores, el requisito de radicar informes anuales no comenzó hasta 1997, cuando los cuerpos legislativos aprobaron los reglamentos pertinentes.
Ya en esos primeros reglamentos legislativos, al igual que en la Ley de Ética Gubernamental de 1985, se disponía que un ciudadano solo podía tener acceso a los informes financieros de los legisladores, cuando “demuestre la necesidad de someter datos adicionales que revelen posibles violaciones de ley”.
Desde 1997, el reglamento cameral ya le exigía al ciudadano cumplir con un intrincado proceso, para tener acceso a esa información.
PROCESO LABERÍNTICO
La reglamentación incluía juramentar la solicitud y obligaba al director de Ética Gubernamental a considerar y determinar la credibilidad de las fuentes de información, la particularidad y la veracidad de la información sometida, así como el grado de probabilidad de que se haya violado el Código de Ética o este reglamento”.
Más tarde se le agregó, en Cámara y Senado, el requisito de que se presentara una querella contra el legislador, al momento de solicitar acceso a la información financiera.
La solicitud del documento estaba condicionada a que el ciudadano tuviera de antemano una queja sobre la conducta o desempeño del funcionario. Esto, tal vez, es parte de lo que ha ido creando la impresión pública, y en el propio legislador, de que solicitar acceso a esa información es una forma de adjudicarle algún señalamiento o conducta indebida.
En el Senado, desde 1997, el cuerpo legislativo se convirtió en el custodio de los informes financieros de los senadores, una vez auditados por la OEG al pasar 90 días de su radicación, explicó la portavoz de la OEG, Jeniffer Rodríguez Ayala. Mientras que en la Cámara, este traspaso de custodia de los documentos no ocurrió hasta el reglamento cameral de 2009, que es el vigente.
En otra dirección, un desarrollo que podría interpretarse como positivo en cuanto al acceso público surgió en el Reglamento del Senado de 2010. Aunque dispone los mismos requisitos altamente restrictivos para que el ciudadano pueda acceder directamente a los informes financieros, establece que “estos requisitos no serán exigidos a la prensa acreditada”, que con meramente solicitarlo por escrito podrá obtenerlos.
Esto podría tener el resultado de ampliar el acceso público -aunque limitado-, cuando la prensa asuma el rol representativo del interés ciudadano por esta información. El reglamento de la Cámara no hace tal salvedad.
Por otra parte, la nueva Ley de Ética Gubernamental del 3 de enero de 2012 establece que, una vez auditados por la OEG, habrá unos “resúmenes” de los informes financieros anuales disponibles en la página de internet de dicha dependencia pública.
Estos resúmenes incluirán la información sobre el total de ingresos, los activos y pasivos, y un renglón de “otras transacciones financieras” de los funcionarios y legisladores. Está por verse si dichos resúmenes permitirán una fiscalización adecuada de las finanzas de los funcionarios. Todavía la página no refleja los informes anuales.
TRABAS EN LA CEE
Otro factor que complica la fiscalización de las finanzas de los legisladores y otros candidatos es la enmienda del pasado 3 de julio al Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, que ahora impide que los informes de gastos e ingresos de campaña estén disponibles al público hasta pasados 90 días, plazo que tiene el contralor para evaluar los informes y buscar que se subsanen los defectos y las violaciones de ley que puedan tener.
El valor del acceso a estos documentos va más allá de auscultar los gastos de campaña. En muchos casos, constituyen una pieza fundamental en el ejercicio de un análisis comparado entre los datos provistos en planillas y estados financieros, y la participación económica que los candidatos hayan tenido en las finanzas de su campaña, como préstamos y reembolsos, entre otros.
La información de los gastos de campaña a menudo refleja transacciones entre el propio candidato y su comité de campaña, lo que arroja luz sobre las finanzas personales.