Las uniones quieren tener voz electoral
Ganan una primera batalla en Boston
WASHINGTON - Varios sindicatos lograron excluir al Tribunal Supremo de Puerto Rico del caso que llevan en el sistema judicial federal en reclamo de que se les permita crear comités de acción política y tener voz en la campaña electoral de la Isla.
El lunes, el Primer Circuito de Apelaciones federales, con base en Boston (Massachusetts), revocó una determinación del juez federal de San Juan Juan Pérez Giménez que hubiese obligado a esperar por una opinión -“certificación”-, del Tribunal Supremo boricua sobre la constitucionalidad de leyes puertorriqueñas que impiden a sindicatos participar de la campaña en la Isla.
Ahora el caso podrá retornar mañana, jueves, al Tribunal Federal de San Juan, donde se discutirá a fondo el reclamo de uniones de trabajadores en contra de las leyes que reglamentan la sindicación de empleados públicos y el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico.
“Nuestra intención ha sido considerar cuáles candidatos apoyan nuestras propuestas -sobre educación, salud y status, entre otros- y hacer campaña independiente a favor de algunos”, dijo Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), uno de los grupos que lleva la demanda en contra del Gobierno de la Isla.
“Los empleados públicos tenemos la obligación de fiscalizar a aquellos cuyas decisiones nos afectan directamente”, agregó Pagán.
En la demanda sometida en julio pasado contra el gobernador Luis For- tuño, la Comisión Apelativa del Servicio Público y la Oficina del Contralor Electoral, entre otros, la SPT, la Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y la Alianza SEIU Puerto Rico, Inc., sostienen que las leyes impugnadas violan su derecho a la expresión que garantiza la Constitución de Estados Unidos.
Por el momento, el foro de apelaciones -a través de un panel formado por la por la jueza presidenta Sandra Lynch, el juez Jeffrey Howard y el juez O. Rogeriee Thompson-, ha coincidido con los sindicatos en que el juez Pérez Giménez cometió un “error” al pedirle una opinión a los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
ERA UN OBSTÁCULO
“Fue un error y constituye un obstáculo que atenta contra la capacidad de este tribunal para conducir la revisión de este caso de una manera apropiada y rápida. Los demandantes en este caso han presentado reclamos solo relacionados con la ley federal, específicamente sobre la Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Aunque sus reclamos se vinculan a estatutos de Puerto Rico, esos reclamos no invocan la ley de Puerto Rico”, indicaron los jueces federales.
Para Pagán, “la acción del juez Pérez Giménez todo lo que hacía era retrasar nuestra solicitud urgente, para que se nos reconozca el derecho a la libertad de expresión protegido por la Constitución de Estados Unidos”.