UN CAMINO A LA CONFIANZA PÚBLICA

Hacer pública su situación financiera debe ser un acto voluntario de todos los legisladores que aspiran a revalidar en las elecciones, así como de los candidatos nuevos a la Cámara y el Senado, porque con ello ayudan al pueblo a ejercer su derecho a la in

Si para incumbentes y candidatos la confianza pública es un referente vital, no pueden escudarse en las cortapisas que ambos cuerpos se encargaron de colocarle a la nueva Ley Electoral para imposibilitar el acceso a la información. Es basado en esas preocupaciones que ayer El Nuevo Día procedió a solicitar, por escrito, estos informes tanto a nivel individual como a las secretarías legislativas.

Negarlos sería, sin dudas, un atentado contra un derecho fundamental de los ciudadanos y contra la transparencia que antes regía el proceso electoral, empañada además por enmiendas a la ley que creó la figura del Contralor Electoral y que impiden que los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos estén disponibles al público dentro de los primeros 90 días de radicados.

A menos de 50 días para los comicios, el resultado neto de tales disposiciones es mantener en secreto los recaudos de campaña de los candidatos, los nombres de sus contribuyentes y las cantidades donadas. A fecha tan cercana de las elecciones, es necesario destapar sus finanzas, cuya secretividad legislaron Cámara y Senado al aprobar la ley en 2011 y al enmendarla a principios de este año.

Cuando se aprobó la ley, se eliminó la disposición que requería que cada candidato legislativo radicara en la Comisión Estatal de Elecciones su estado financiero y las cinco planillas contributivas más recientes, que podían ser examinadas por los ciudadanos. Presionadas por la opinión pública, las cámaras enmendaron el estatuto en enero pasado para restablecer el requisito de planillas, pero pospusieron su vigencia hasta las elecciones del 2016, por lo que este año quedaron en secreto.

Aunque existen reglamentos que disponen los procedi- mientos a seguir para obtener acceso a los informes financieros de los candidatos, se trata de trámites complicados que exigen incluso juramentar la solicitud y demostrar de antemano, mediante querella, que existen datos que apunten hacia posibles violaciones de ley.

En todo caso, la decisión recae en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), que audita los informes antes de devolverlos a las secretarías de los cuerpos legislativos para su custodia. Aunque la nueva Ley de Ética Gubernamental establece que la OEG publicará en su página de internet unos “resúmenes” de los informes auditados, al día de hoy no están disponibles.

Ante el limbo en que han caído las finanzas de los legisladores para estos comicios, estamos procediendo a requerirles formalmente a los cuerpos legislativos que nos provean acceso ilimitado a los estados financieros más recientes que estén bajo la custodia de sus respectivas secretarías.

Del mismo modo, le hemos solicitado a cada legislador que acceda a entregar copia de sus informes sin esperar por el trámite reglamentario, de modo que los ciudadanos puedan conocer si sus finanzas son claras y descartar así cualquier conflicto de intereses o posible enriquecimiento ilícito.

El País, que enfrentará en los años venideros retos tanto o más duros que los que le ha tocado vivir en su accidentada historia reciente, aguarda ahora a que los hombres y las mujeres que aspiran a ser custodios del patrimonio de paz, progreso y justicia que queremos legar a las nuevas generaciones, actúen con la transparencia que demandan los tiempos y demuestren que nada tienen que esconder.

Asuman la entrega de estos informes como un pasaje de ida a la confianza pública.