La cultura del dato
El Gobierno se organiza cada 4 años bajo un mandato democrático para establecer y ejecutar políticas públicas y programas que busquen el bienestar de nuestro País. ¿Cómo se evalúa el desempeño de estas políticas públicas y programas? A través de las estadísticas.
En consecuencia, una recomendación que se puede hacer, como principio fundador de cualquier Gobierno, es que en la medida que sea posible, toda política pública o programa que se vaya a establecer o ejecutar, ya sea mediante iniciativa legislativa o ejecutiva, cuente desde sus inicios con herramientas específicas y explícitas de medición (es decir, estadísticas) que permitan evaluar su desempeño.
¿Qué cualidades deben tener estas herramientas de información para que sirvan las distintas necesidades que en su día tendrán la jefatura de la agencia, el legislador y el ciudadano para sus evaluaciones? ¿Cuán actualizada tienen que ser las estadísticas? ¿Es suficiente contar con información de hace dos años o tienen que ser estadísticas del año en curso? ¿Qué conceptos deberían medir las estadísticas? ¿Es suficiente medir el número de casos radicados o se necesitan estadísticas sobre el número de casos resueltos? ¿Cuán rápidamente deben estar listas las estadísticas? ¿Es suficiente que la información salga el año que viene o se necesita hoy? ¿Cuán accesible y documentada debería estar la información para la ciudadanía? ¿Es suficiente con que sólo unos pocos funcionarios públicos tengan acceso a la información o debería estar accesible amplia y universalmente?
Éstos son los temas de política pública que nos motivan y que nos corresponde resolver en el Instituto de Estadísticas y, en términos prácticos, se pueden ofrecer estrategias específicas para ponerlas en funcionamiento. Por ejemplo, a nivel de la Rama Ejecutiva, ya durante más de 10 años, la Oficina de Gerencia y Presupuesto realiza un esfuerzo sistemático y público que provee estadísticas anuales de cada programa presupuestario de Gobierno, como instrumentos para sustentar las cuentas que el gobernador presenta anualmente a la Asamblea Legislativa para cada programa.
La adecuación y vigencia de estas estadísticas para evaluar el desempeño de un programa gubernamental puede variar a través de los años si cambian los objetivos del programa o la realidad de la problemática que el programa atiende. Sin embargo, si se continúan usando las mismas estadísticas que en el pasado, no deberíamos esperar un resultado distinto y los programas continuarán incumpliendo con las expectativas de la ciudadanía.
Para atender esta situación, el Instituto de Estadísticas se creó en parte para asesorar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre la adecuación y vigencia de estas estadísticas con objeto de atender las necesidades de nuestro pueblo y los requerimientos de la economía moderna. En aquellos casos en que no se cuente con estadísticas adecuadas, el Instituto puede diseñar las metodologías que se tendrían que implantar y proponérselas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para su posible financiamiento y ejecución.
Por su parte, a nivel de Rama Legislativa, es importante que, en las políticas públicas que se vayan a establecer mediante legislación, se definan las métricas que se usarán para evaluar el desempeño de las mismas. El Instituto tiene el deber de asesorar a la Rama Legislativa en este tema. Ésta es una de las pocas maneras a nuestro alcance para asegurar que se aprenda de experiencias pasadas y se construya sobre lo aprendido. El Instituto también puede asesorar a la Asamblea Legislativa en relación a las preocupaciones metodológicas que pueden surgir de vez en cuando sobre una estadística específica u otra. Confiamos que, de esta manera, se pueda evitar el uso de recursos legislativos en investigaciones que en algunos casos en el pasado han sido innecesarios.
La promoción de una cultura del dato en la administración pública es una pieza clave en el establecimiento y ejecución de políticas públicas y programas que busquen el bienestar de nuestro País. El Instituto es una pieza clave para potenciar una cultura del dato en el Gobierno y de esa manera asegurar que las políticas públicas que se establezcan y ejecuten en los próximos 4 años cuenten con las estadísticas que permitan su evaluación de manera seria.