El Senado reparte barrilito de $15 millones a municipios
La mayoría de las alcaldes beneficiados con los fondos para mejoras son del PNP
EL SENADO culminó ayer la última sesión extraordinaria del cuatrienio aprobando, con la minoría en contra, una asignación económica de $15.5 millones destinada a realizar obras y mejoras en varios municipios, casi todos de alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Una de las mayores partidas, $6 millones, se le dará a la Compañía de Parques Nacionales para mejorar el parque Ramón Cabañas, la cancha José Peco González y el coliseo de Tenis de Mesa, todos ubicados en el municipio de Utuado. Otros municipios como Ponce, Yauco, Las Piedras, San Juan, Bayamón y Canóvanas recibieron partidas también para mejoras. Ponce y Yauco, nada más, recibirán $326,063 cada uno.
“Me parece extremadamente impropio estar repartiendo dinero faltando 10 días para un cambio de gobierno”, denunció el senador popular Eduardo Bhatia, presidente entrante de la Cámara alta.
“Esto cierra con una negativa nota que un grupo de legisladores no supo escuchar al pueblo cuando el 6 de noviembre pidió un cambio. Además, la asignación agrava la percepción externa de que en Puerto Rico, aún en momentos de crisis, sigue la fiesta”, agregó. El municipio de Ceiba es otro que recibirá $757,665 para repavimentación de calles, conservación de puentes y conservación y rehabilitación de parques y facilidades recreativas. Al Departamento de Obras Públicas se le asignó también $1.1 millones para hacer mejoras en Río Grande y Canóvanas.
Otro proyecto aprobado con el rechazo de la minoría es el que releva a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura de presentar un informe final sobre la pesquisa a la Rama Judicial, y se le permita referir la evidencia recopilada a la comisión especial del Tribunal Supremo. La delegación popular alertó que levanta suspicacia que los documentos no se queden en el Senado, además de que hay una separación de poderes. El senador popular Jorge Suárez abogó para que la evidencia se entregue a la Oficina de Administración de Tribunales. “Que lo reciba el Supremo es ilegal, una barbaridad constitucional”, agregó Bhatia.
En cambio, el presidente de la comisión, Roger Iglesias, defendió la medida pues la pesquisa no culminó y el interés público requiere que dichas denuncias sean investigadas. “Quizás el Tribunal Supremo no encuentra nada impropio, pero, quizás le sirve para mejorar reglamentos”, dijo Iglesias.