A RESPONDER POR LA ANARQUÍA EN FAMILIA

La crisis de supervisión destapada en el Programa Head Start y las revelaciones hechas por la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, durante su exposición en las vistas de transición del Gobierno, demuestran, más allá de toda duda, la ineficiencia y

Por admisión propia o en respuesta al interrogatorio, la anarquía en Familia ha quedado claramente expuesta, pero no todos los detalles fluyeron diáfanos. Por ejemplo, el número de casos de maltrato que están pendientes de referido, examen o intervención, es una de las incógnitas que la secretaria Irizarry no pudo aclarar. Negó que rondaran los 30,000 casos, como han afirmado otras fuentes del Departamento, pero fue incapaz de producir una cifra siquiera aproximada.

Al justificar su falta de información -que es también una forma de ocultar tropiezos- la secretaria dijo que “nuestros niños son más que números”. Es increíble que una persona que maneja una agencia pública que depende de la precisión de las estadísticas, intente manipular a los miembros del equipo de transición con ese tipo de expresión sensiblera, pero carente de todo rigor.

Hay otros detalles que, por caer en el absurdo, son difíciles de clasificar. Entre ellos destaca el despido de 33 abogados, a raíz de la implantación de la Ley 7, quienes, según la funcionaria, fueron vueltos a contratar a través de una cooperativa. Por otro lado, el gasto de casi $14 millones en publicidad, plantea un nivel de despilfarro que sólo puede entenderse bajo el prisma de favores políticos o corruptelas.

Mientras el dinero corría en publicidad y contratos, el personal de la agencia se redujo en más de 400 empleados, y escasearon los recursos para licenciar y supervisar hogares, así como para socorrer a las personas de edad avanzada.

Los errores de juicio y el carácter anárquico de una agencia completamente dislocada, son más dramáticos que en cualquier otra instancia gubernamental, si se tiene en cuenta que algunos de los más importantes desafíos que Puerto Rico tiene ante sí son el fortalecimiento de la familia, la atención a niños y adolescentes provenientes de hogares disfuncionales y el trabajo metódico en las comunidades, que es un trabajo de educación que debe ser realizado por profesionales expertos en conducta y rehabilitación social.

Gravísima es también la crisis operacional detectada en 47 centros Head Start localizados principalmente en Canóvanas, Loíza y Río Grande, ensombrecida por posible corrupción, lo que motivó que el Gobierno federal congelara millones de dólares y colocara en la lista de concesionarios de “alto riesgo” del programa a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden), dependencia adscrita a Familia.

Es imperativo, por lo tanto, que el Departamento de la Familia, y todo lo ocurrido allí, sean objeto de una investigación rigurosa. Resulta inadmisible que una funcionaria que aceptó la responsabilidad y el privilegio de dirigir una agencia pública, ahora se lave las manos diciendo que “la persona que designen en su puesto, tendrá la oportunidad de ir y corroborar”.

Corroborarán, sin duda, el gran error que fue nombrarla. Queda un intenso trabajo por delante, que pasa por corregir los errores y los excesos de una agencia en crisis. El Departamento de la Familia, vital para el futuro del País, debe ser radicalmente reformado.