Coro de rechazo a la privatización
Sindicatos y economistas exigen a la Legislatura que frene la transacción
DOS ORGANIZACIONES sindicales y la Asociación de Economistas de Puerto Rico rechazaron ayer la propuesta privatización de la administración y operación del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM), en el inicio de las audiencias públicas que realiza la Cámara de Representantes para investigar esta transacción.
La Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas –que representa a sobre 400 empleados de la Autoridad de Puertos– y la Coordinadora Sindical –que representa a cerca de 19,000 trabajadores en varias agencias y empresas– pidieron a la Legislatura que detenga la transacción y aseguraron que la misma resultará en perjuicio para el país en general y para los trabajadores de Puertos en particular.
“En estos seis meses solamente hemos sostenido dos reuniones con representantes de la Autoridad de Puertos y representantes de Aerostar”, denunció la presidenta de la Hermandad, Astrid Rosario Ortiz.
“Dichas reuniones”, agregó, “han sido breves y de naturaleza general. Al presente nadie, repito, nadie nos ha indicado qué va a suceder con nuestro convenio colectivo ni nuestros representados”.
Afirmó que las disposiciones del contrato ya firmado “han permitido que la entidad privatizadora, Aerostar, no asuma compromiso alguno sobre el cumplimiento del convenio colectivo exis- tente. Igualmente, y a pesar de lo anunciado públicamente por las entidades gubernamentales y según las propias disposiciones del Lease Agreement, Aerostar se limitará a ofrecer trabajo a aquellos empleados que así lo soliciten sin garantía alguna de empleo”.
Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Sindical y presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, denunció que esta transacción es parte de la política de privatización que viene desarrollándose en el Gobierno de Puerto Rico desde la década de 1980.
“Más que una alianza público-privada, se trata de una modalidad más de privatización de los servicios públicos que al presente el Estado, a través de la Autoridad de Puertos, ha venido ofreciendo al país”, sostuvo.
Aseguró que “la propuesta presentada no solo es un mal negocio para Puerto Rico, sino también un duro golpe para los trabajadores y trabajadoras que laboran en la Autoridad de los Puertos”.
Emplazó a los legisladores de la mayoría del Partido Popular Democrático a hacer la diferencia. “Si han tenido el privilegio de haber recibido el beneficio del apoyo del electorado puertorriqueño en las recientemente concluidas elecciones, es para que ustedes hicieran la diferencia, no para que hicieran más de lo mismo”, dijo.
OPUESTOS LOS ECONOMISTAS
El presidente de la Asociación de Economistas, Alejandro Silva, sostuvo por su parte que la transacción “no contribuye al interés público y es un mal negocio para el pueblo”.
Estimó que al cabo del contrato de 40 años, “la pérdida neta que experimentará el pueblo de Puerto Rico, de aprobarse esta transacción, será de $887 millones”.
“Las operaciones del aeropuerto LMM son una de las pocas actividades rentables que administra la Autoridad de Puertos”, aseguró Silva.
“Las ganancias que esta actividad genera subsidian las operaciones marítimas y las de los aeropuertos regionales. De aprobarse esta transacción, las finanzas de estas operaciones estarían en precario y se afectarían los planes de desarrollo de estas facilidades, limitando así el potencial de desarrollo económico que ellas representan”, advirtió el líder de los economistas.