Medular evaluar a los facilitadores escolares
Afirman que son una inversión y no una pérdida de dinero
LOS PUESTOS de los facilitadores escolares de educación especial deben permanecer y hasta aumentar, pero quienes los ocupen tendrían que ser evaluados regularmente por supervisores, maestros, padres y hasta estudiantes.
En eso coincidieron representantes de diversos sectores escolares entrevistados ayer en dos escuelas del área metropolitana vía telefónica. Destacaron la importancia de retener a aquellos facilitadores que han sido eficientes y de salir de los que no lo han sido.
“Definitivamente, no es una pérdida de dinero (el tenerlos), es una inversión. Se ve la diferencia cuando hay ese contacto directo del maestro con el estudiante porque no hay tanta carga administrativa (a su cargo, porque esta pasa al facilitador)”, afirmó Luis Amador, director de la escuela vocacional Trina Padilla de Sanz, en Río Piedras.
El mismo Amador reconoció que si un facilitador no es eficiente debe ser despedido. Él vivió la experiencia de tener a dos el primer año en que fueron nombrados (2010), y uno de ellos, ante la inminencia de una evaluación deficiente, renunció.
No obstante, el pasado año los directores no fueron integrados al proceso de evaluación, lamentó Amador, lo que fue confirmado por Vilma Vázquez, directora de la Escuela de la Comunidad Víctor Parés. En esta escuela, especializada en educación especial, Vázquez planteó que, aunque le satisface la labor de la facilitadora, necesita añadir otro puesto, pues una sola no da abasto para 108 alumnos. Además, con o sin ella, hay situaciones urgentes, como la falta de maestros, equipos y materiales esenciales, entre ellos bandejas de catéteres, que tardan demasiado en llegar.
La facilitadora del plantel, Raisa Sosa Rodríguez, reconoció que en ocasiones se siente impotente ante la burocracia. “Lo más difícil es el protocolo del Departamento (de Educación). Hay que echar la burocracia al lado, al menos en estos casos”, reclamó.
Asimismo, lamentó que las múltiples terapias que reciben alumnos de educación especial no se provean en los mismos planteles, y que los pagos de becas de transportación y los equipos tecno-
lógicos tarden meses o hasta más de un año en llegar. Contó que Educación les ha exigido a los facilitadores integrar al nuevo sistema de información cientos de programas educativos individualizados (PEI), lo que les aleja de tareas más apremiantes y les impide estar más en contacto con los niños y los padres.
De hecho, a juzgar por el testimonio de varias madres y de dos intercesores del Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, de la Universidad del Sagrado Corazón, esa falta de interacción de los facilitadores es demasiado frecuente.
El intercesor Víctor Rivera denunció falta de atención a situaciones apremiantes, así como supuestas violaciones a leyes estatales y federales, precisamente en la escuela Víctor Parés. Mientras, Jeanette Morales mencionó el caso de un niño de 11 años de la Escuela Segunda Unidad Botijas 1, de Orocovis, que sufre perlesía cerebral.
“Aunque hay una facilitadora, una directora y una maestra, estaba con todas sus evaluaciones vencidas. Estuvo cuatro años sin recibir terapia del habla. Le habían asignado una terapia física a la semana a un niño con grandes problemas de movilidad”, condenó.
Explicó que a la madre del menor no se le ha orientado debidamente, pues desconocía las leyes que cobijan a su hijo y los servicios a los que tiene derecho por estipulaciones logradas a lo largo de 30 años del pleito de clase conocido como caso Rosa Lydia Vélez. “No tenía conocimiento de nada. Si le daban una evaluación, la firmaba; no se la explicaban. Ese es precisamente uno de los incumplimientos del Departamento, porque tiene que orientar a los padres”, detalló Morales.
En cuanto a la necesidad de evaluar a los facilitadores, tanto Sosa Rodríguez como el facilitador de la Trina Padilla de Sanz, Rafael Quiñones, lo vieron con buenos ojos. “Todo el mundo tiene derecho a pasar un proceso justo de evaluación”, sostuvo Quiñones.