Pendiente acuerdo en caso de parranderos
Sobre la mesa la reclasificación de los delitos y la rebaja de la sentencia
DIFERENCIAS en torno a la sentencia que cumpliría John Villafañe Roure, el hombre que supuestamente disparó contra varios parranderos la madrugada del Día de Reyes, evitaron que la defensa y el ministerio público llegaran a un acuerdo sobre cómo sería el proceso criminal en su contra.
Este caso no está asignado a un fiscal, así que el que esté de turno en la sala 404 del Tribunal de Bayamón atiende el caso. Ayer, la tarea recayó sobre el fiscal Gustavo Vélez Acevedo, quien indicó que las partes habían dialogado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. “Tiene que ser un número justo”, afirmó Vélez en torno a la sentencia que recomendaría. “Entendemos que por ahora no hay acuerdo”, agregó sin ofre- cer detalles de la propuesta que intercambió con los abogados Carlos Carrasquillo, Rafael Álvarez y Moisés Abreu.
Villafañe Roure enfrenta tres cargos por tentativa de asesinato y cinco violaciones a la Ley de Armas. El caso se remonta al 7 de enero cuando Villafañe Roure disparó contra tres jóvenes que llegaron de madrugada al negocio Joshua’s Café, en la avenida Santa Juanita. Villafañe alega que pensaba que el trío quería asaltar el lugar. El cargo de tentativa de asesinato conlleva una pena de 20 años de cárcel, mientras que las penas por las violaciones a la Ley de Armas se cumplen de forma consecutiva respecto de las de cualquier otro cargo.
Pese a que las partes no divulgaron los pormenores de la conversación, usualmente los acuerdos contemplan la reclasificación de delitos y la rebaja de la sentencia; esto, porque realizar alegación de culpabilidad y levantar las manos se consideran atenuantes.
Al no lograr un acuerdo, el fiscal Vélez Acevedo pidió que se reseñalara la vista preliminar porque el testigo principal, Samuel Carrasquillo, se encuentra en el hospital.
Esta es la segunda ocasión en que el ministerio público solicita un cambio en la fecha porque su prueba o sus tes- tigos no están completos.
Ante esta situación, la jueza Hernández Sanabria fijó la fecha para el 7 de febrero, último día de los términos.
Ese día, si el ministerio público no se encuentra listo para ver el caso, los abogados, con toda probabilidad, solicitarán la desestimación de los cargos y su cliente quedará en libertad.
Pero el ministerio público tiene la potestad de volver a radicar los cargos.