Lamento y decepción en el sector industrial
La decisión de extender el impuesto le cae como un balde de agua
LA ASOCIACIÓN de la Industria Farmacéutica (PIA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) se mostraron decepcionadas ante la decisión del gobierno de extender el arbitrio de 4% a las compañías foráneas por cinco años adicionales.
“El sector de manufactura farmacéutica, el contribuyente más importante al Producto Interno Bruto y al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, sufrió otro impacto significativo a sus operaciones y competitividad en Puerto Rico”, expresó la organización PIA en declaraciones escritas.
A las 13 compañías que pertenecen a PIA les preocupa que pese a que los ingresos de la Ley 154 han superado los estimados proyectados por más de $600 millones, “la situación fiscal del Gobierno se ha agravado”.
Los directivos de las farmacéuticas señalaron que entienden cuál es la situación fiscal del país y, aunque agradecen la comunicación que tiene la nueva administración del Gobierno con el sector, les preocupa grandemente que esta decisión impacte la viabilidad de futuras inversiones de la industria en Puerto Rico. “Esto añade incertidumbre a la que ya se había creado cuando se aprobó originalmente la Ley 154”, expresó PIA.
Para estos ejecutivos, el problema fiscal de la Isla se relaciona con la administración de recursos limitados, y no con la cantidad de ingresos que reciba el Gobierno.
Según ellos, mientras los competidores de la Isla alrededor del mundo están mejorando su oferta para atraer y retener a los inversionistas, y han expresado que no alterarán los acuerdos alcanzados con ellos en materia fiscal, “Puerto Rico ha decidido hoy (ayer) seguir moviéndose en la dirección opuesta”.
Por su parte, Waleska Rivera, pre- sidenta de la AIPR, opinó que el Gobierno actuó “prematuramente” y contrario a las recomendaciones que le hizo el sector privado en semanas recientes, y aseveró que defenderán la industria y los empleos ante todos los foros.
“Lamentablemente el Gobierno ha tomado una decisión unilateral que afecta la posición competitiva de las empresas establecidas en Puerto Rico y la posibilidad de atracción de nueva inversión”, manifestó la líder de los industriales.
Según Rivera, la AIPR le presentó al gobernador una serie de recomendaciones, que incluían el establecer medidas “agresivas” y “medibles” de reducción de costos en todas las agencias gubernamentales y el que Hacienda enfocara sus recursos en reducir significativamente la evasión contributiva. Esto antes de que considerara un aumento adicional en contribuciones y le pidió además que la parte que le corresponda al sector privado sea una parte equitativa.