LIDERATO Y VISIÓN EN PRO DEL CONSUMIDOR

En un país con un nivel de consumo tan alto como el que se exhibe en la Isla, es necesario que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sea una agencia ágil, que cuente con el personal y los recursos técnicos necesarios para atender y procesar las

Un departamento del consumidor donde el consumidor no sea la prioridad no tiene razón de ser. Y ese parece ser el estado en que se encuentra el DACO, según dijo recientemente el designado secretario de la agencia, Nery E. Adames Soto. Es inaudito, por ejemplo, que querellas relacionadas con vehículos de motor se tomen hasta dos años en resolver y que la agencia carezca del personal técnico para defender adecuadamente los intereses del consumidor en estos casos, como alegó el nuevo secretario.

En estos casos aplica el adagio que sentencia que “justicia tardía no es justicia” puesto que en esta Isla, donde no hay un sistema de transporte colectivo que supla las necesidades de movilización de la población en general, los intereses del consumidor no están bien servidos si éste tiene que esperar años para resolver problemas de un carro “limón”.

De otra parte, el cúmulo de querellas pendientes de resolución es tal que si el DACO resolviera una querella por día, a la agencia le tomaría más de 8 años procesar los 3,000 casos pendientes de resolución. Y puede que se traten hasta de más casos puesto que en la agencia se desconoce el número exacto que aguarda adjudicarse, por dificultades en el acceso a los archivos en la sede del DACO en Minillas, que está cerrada por problemas de asbesto, otra insólita situación que requiere atención inmediata.

En cierta medida a nadie debe sorprenderle esta astronómica cifra de casos pendientes de solución, cuando estamos hablando de una agencia que perdió el 47% de su plantilla de empleados en el pasado cuatrienio por vía de los despidos y retiros incentivados bajo la Ley 7 y la ventana de retiro ofrecida bajo la Ley 70.

Así las cosas, para que el DACO pueda volver a ser verdaderamente la agencia que defiende los intereses de los consumidores, tienen que implementarse cambios radicales que propendan a que la agencia reenfoque nuevamente sus procesos hacia la orientación y protección al consumidor.

Esperamos que como parte de este requerido cambio, Adames Soto haga buena su palabra de que va a trabajar en la simplificación de la legislación y los reglamentos que afectan a la agencia para hacerla más ágil.

Asimismo, esperamos que el problema de la falta de personal se atienda con prontitud. Y aunque el DACO sufrió un recorte de más de $2 millones para el presupuesto de este año fiscal que asciende a $11.5 millones, en comparación con el del pasado año, esta agencia tiene cómo generar ingresos mediante el mecanismo de cobro por los servicios que presta a través del laboratorio de pesas y medidas, entre otros, y donde hay unos $400,000 sin cobrar.

El DACO fue creado para atender las querellas de los ciudadanos contra contratistas, vecinos o vendedores de servicios, tales como gasolineras y supermercados, y su radio de acción se ha ampliado a través de los años para atender otros aspectos de la relación consumidor-comercio. Al cabo del tiempo, este objetivo lamentablemente se ha convertido en una broma.

Esperamos que esta administración, liderada precisamente por un exsecretario del DACO, le devuelva a la agencia su credibilidad y eficiencia como defensor de los intereses de los consumidores con liderato, con visión y con sensibilidad.