Suben de rango a dos oficiales señalados
Los ascienden en la Policía Municipal de Guaynabo en momentos en que se espera que Justicia radique acusaciones El capitán Wilfredo Martínez fue promovido a coronel y el teniente Rafael Rodríguez a jefe de Operaciones
EN MOMENTOS en que se aproximan acusaciones por el fraude primarista en Guaynabo, una de las figuras protagónicas de ese escándalo, el capitán Wilfredo Martínez, fue ascendido a coronel de la Policía Municipal de esa ciudad.
Martínez no fue el único. Otro de los implicados en el fraude, el teniente Rafael Rodríguez, también fue ascendido a jefe de Operaciones de la Policía Municipal guaynabeña, un puesto que equivale a ser el segundo al mando.
El municipio de Guaynabo confirmó ayer estos nombramientos de confian- za, aunque se alegó a través de su portavoz, Alex Ramos, que en ambos casos se trata de interinatos. “No se va a emitir comentarios sobre las expresiones del secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances”, indicó Ramos en referencia a que el secretario ha dicho que “pronto” vienen acusaciones.
El ahora coronel Martínez y el teniente Rodríguez presuntamente participaron del esquema fraudulento con mudanzas fatulas que gestaron policías municipales y empleados de confianza del alcalde Héctor O’Neill para favorecer al hoy representante novoprogresista Antonio “Tony” Soto.
Martínez y Rodríguez habrían violado reglas y reglamentos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), así como el Código Electoral, e incurrieron en el delito de falsedad ideológica, según concluyó la primera pesquisa del comité ad hoc de la CEE que investigó y refirió este caso a Justicia.
Martínez también habría incurrido en el delito de conspiración, de acuerdo con la pesquisa del comité ad hoc.
Este diario supo ayer que Sánchez Betances dio una orden para que se complete este caso lo antes posible, según corresponda en ley. Pero las fiscales que trabajaron el caso inicialmente –Phoebe Isales, Arlene Gardón y Jimara Gabriel– ya no tienen a cargo la pesquisa por razones que no fueron precisadas.
El caso lo trabaja ahora de forma directa el jefe de la División de Integridad Pública de Justicia, Alberto Valcárcel, junto con agentes de Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), indicó el portavoz de prensa de la agencia, Miguel Pereira.
“Hay unos agentes del NIE que continúan haciendo entrevistas”, señaló Pereira ayer. Valcárcel rechazó hacer expresiones por el momento.
DECENAS DE DELITOS
Al abogado popular Fernando Torres Ramírez, quien fue oficial examinador del comité ad hoc de la CEE que investigó el fraude, no le sorprende nada que se vayan a producir acusaciones en este caso. “Estoy convencido, a tenor con la evidencia que recibimos, que allí hay decenas de delitos cometidos, tanto por personas que trabajaron para la Policía Municipal como vinculadas a la política”, expresó Torres Ramírez.
Asimismo, opinó que Martínez tuvo una participación directa en el fraude. “Yo creo que había evidencia suficiente para inferir que el capitán Martínez cometió varios delitos como autor directo, como coautor y como encubridor de otros”, afirmó Torres Ramírez, quien es profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Ponce.
Martínez, nuevo coronel de la Policía Municipal, vino a sustituir a Ángel Venegas González, quien se acogió a la jubilación, de acuerdo con la versión del ayuntamiento. Según una investigación de El Nuevo Día, Venegas González también mintió sobre su lugar de residencia para votar por Soto, siendo uno de los
primeros funcionarios que quedaron al descubierto. Venegas González reside en Toa Baja, pero informó a la CEE que vivía en Guaynabo, según destapó la investigación periodística de El Nuevo Día que desató este escándalo en mayo pasado.
Sin embargo, O’Neill exoneró en enero pasado a sus empleados con el argumento de que no es delito cambiarse de dirección para votar por un candidato en específico.
ALTERAN PAPELETAS
El fraude primarista en Guaynabo no solo tocó a personas cercanas a O’Neill y Soto, sino también a figuras vinculadas al exrepresentante Ángel Pérez Otero. La asesora legislativa Norma Miranda Gallardo y su hermana Iris Miranda Gallardo, quienes formaban parte de su equipo electoral, admitieron al comité ad hoc que mintieron sobre su lugar de residencia para votar por él.
Una segunda investigación del comité ad hoc también concluyó que Peggy Benítez, una empleada de la exlegisladora y hoy jueza Liza Fernández, alteró va- rias papeletas en el primer escrutinio de las primarias para favorecer a Pérez Otero. Fernández es la esposa de Pérez Otero. Específicamente, se le imputó a Benítez la alteración de siete papeletas en el primer escrutinio de las primarias al escribir una “X” debajo de Pérez en papeletas votadas a favor de Soto.
Del equipo de Pérez Otero, también fue señalado René Pantoja Pineda, quien trabajó en el colegio de Cataño en el que se falsificaron 123 firmas la noche de las primarias del Partido Nuevo Progresista en 2011. A él se le imputa haber falsificado las firmas, aunque el informe señala que se puede inferir que otros funcionarios pudieron haber sido coautores o encubrir a Pantoja Pineda.
Benítez y Pantoja Pineda incurrieron en múltiples violaciones al artículo 218 del Código Penal sobre falsificación de firmas y al artículo 12.009 del Código Electoral sobre alteración de documentos electorales, según el comité ad hoc.
En total, la CEE refirió a Justicia a más de 50 personas, aunque la lista de los implicados era mayor. De hecho, hasta bien reciente la CEE ha estado cooperando con Justicia, que le ha requerido información adicional.
Aunque no hubo consenso en el comité ad hoc, dos miembros de ese organismo, Torres Ramírez y el abogado independentista Gilberto Concepción Suárez, emitieron un “voto por separado” que concluye que de la evidencia recopilada se puede concluir que tanto Soto como Pérez Otero están vinculados directamente con estos actos ilegales.
O’Neill, Soto y Pérez Otero han negado cualquier participación en el fraude.