Optimista con cambios en Retiro
UBS cataloga como “falsos” los alegatos en contra de los POB
EL PRINCIPAL oficial ejecutivo de UBS Financial Services of Puerto Rico, Carlos V. Ubiñas, se mostró optimista de que la Legislatura aprobará la propuesta que terminará con el plan de beneficios definidos a los empleados del Gobierno porque esta “pone fin” a la millonaria insolvencia de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), uno de los principales riesgos que encara el crédito de la Isla.
Asimismo, catalogó como “un absurdo” pretender que el sindicato de bancos de inversiones que vendió los bonos de obligaciones de pensiones (Pension Obligation Bonds, POB, en inglés) a nombre de la ASR tenga que responder por una transacción que se hizo de conformidad con la ley.
UBS –que fue el suscriptor principal de la emisión– y el sindicato de bancos que vendió los POB en la Isla encaran una disputa legal que reclama al menos $500 millones en daños para la ASR y sus pensionados por supuesto incumplimiento del deber de fiducia. Aparte de UBS, el sindicato estuvo compuesto por Popular Securities, Santander Securities, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico MSD, Citi, Lehman Brothers, Merrill Lynch & Co., Oriental Financial Services, Samuel A. Ramírez & Co., Scotia Capital, TCM Capital y Wachovia Capital Markets.
RECORTES EN BENEFICIOS
Según Ubiñas, cuyos fondos mutuos son el principal tenedor de la deuda de Puerto Rico a nivel local, la deficiencia actuarial de la ASR debe resolverse por el lado de los beneficios que se otorgan. Se espera que la Legislatura apruebe la reforma de la ASR, pasada la Semana Mayor.
“Al igual que nadie va a pagar mi pensión, lo mismo debe aplicar en el otro lado. Y todavía con las enmiendas que se están haciendo, en términos generales, la estructura de pensiones del servicio público en Puerto Rico sigue siendo superior a lo que se ve en el sector privado”, dijo Ubiñas.
Recordó que el plan también requerirá que los contribuyentes paguen unos $100 millones al año. Esa suma, dijo, será adicional al “sacrificio” que ya hizo la ciudadanía cuando se aprobó un plan escalonado de aportaciones a la ASR en la pasada administración. Ese plan aumenta la aportación que el Gobierno le hace a la ASR como patrono cada año. “Eso tiene un costo porque ese dinero se pudo utilizar para desarrollo económico y lo utilizas para mantener un sistema de retiro que debiste haber corregido hace muchos años”, dijo Ubiñas.
RECLAMO FALSO CON LOS POB
¿Pero el propio gobernador, grupos de interés y políticos han dicho que todos debemos aportar a la ASR y eso incluye a quienes llevaron a cabo los POB?
“Las tres alegaciones que se hacen de los POB son: 1) que UBS es el autor intelectual de los POB, 2) que la transacción fue ilegal y 3) que la transacción perjudicó (a la ASR). Para que quede completamente claro y sin que quede duda, creo que los tres puntos son absolutamente falsos, completa y absolutamente falsos”, replicó Ubiñas.
Según el banquero de inversiones, la discusión sobre los POB se ha convertido “en un evento trágico” porque ha quedado a merced de la política partidista. Ello no solo habría afectado la credibilidad de la Isla como emisor de deuda, sino que ha resultado en una serie de premisas falsas e incorrectas, tanto hacia la transacción como hacia el rol que tuvieron las casas de inversión.
“Esa transacción ya estaba estructurada”, dijo Ubiñas. Señaló que el Gobierno comenzó a trabajar los POB para el 2004 con Citibank.
El banquero explicó que, luego de Citibank, Merrill Lynch entró a trabajar la transacción, para el 2007, pero la firma no pudo emitir la deuda en los mercados estadounidenses e internacionales, en los cuales comenzaba a fraguarse la crisis financiera. Fue entonces cuando –según Ubiñas– el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) llamó a UBS para vender los POB en el mercado local.
Destacó que quien asesoraba a la ASR para efectos de la transacción era el propio BGF y la firma Mesirow Financial. Esta cobró unos $350,000 por sus servicios, de acuerdo con un informe legislativo que se produjo tras la investigación sobre los POB.
“Nosotros descansamos en las opiniones de los abogados”, dijo el banquero de inversiones al señalar que los bufetes Fiddler González & Rodríguez; O’Neill & Borges, y Sidley Austin concluyeron que la ASR podía emitir deuda. Tras avalar la transacción y ofrecer el asesoramiento legal para los POB, estos tres bufetes, cobraron $835,000, $490,000 y $233,000, respectivamente, según el informe legislativo.
Este diario cuestionó por qué razón no se solicitó una opinión del secretario de Justicia en cuanto a la viabilidad legal de la transacción. Sobre ello, Ubiñas contestó que, en el caso de emisiones de bonos, las opiniones siempre son provistas por firmas privadas.
Asimismo, rechazó que la filial de consultoría financiera en manejo de activos de la firma –que entonces era contratista de la ASR– tuviera algo que ver con recomendar los POB. Dijo también que el contrato entre la ASR y UBS Trust Company establecía claramente que otras filiales de la firma podrían prestarle otros servicios a esa agencia.
Acto seguido, Ubiñas subrayó que ni UBS ni el sindicato de bancos que vendió los POB eran o son responsables de cómo se utilizó el dinero que generó la emisión de bonos. Sostuvo, sin embargo, que –citando a oficiales del propio Gobierno– la transacción sirvió para pagar las pensiones de jubilados, y el dinero invertido de ella habría dejado un 30% de rendimiento al tercer trimestre del 2012.
SILENCIO CON LA SEC
De otra parte, confrontado con la investigación que realiza la Comisión del Bolsas y Valores sobre los POB, Ubiñas señaló que el sector de valores está altamente regulado y que, aparte de ello, no tenía comentarios.
Según fuentes de este diario, el regulador federal bursátil lleva a cabo una pesquisa sobre la controversial transacción.