REENFOQUEMOS LA SEGURIDAD PLAYERA
En un país donde menos de la tercera parte de su gente sabe nadar, hay que posicionar el problema de los ahogamientos como un asunto de salud pública, mediante estrategias que incluyan instalaciones seguras, legislación para hacer cumplir medidas preventi
La muerte de una persona y la desaparición de otra en el mar, en incidentes separados en la antesala de la Semana Santa, ponen nuevamente en la palestra la falta de preparación que padecen los bañistas en la Isla, y por ello es esencial otorgar prioridad a las investigaciones e iniciativas de salud pública para determinar los factores de riesgo y el impacto que suponen los ahogamientos.
Según el programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, unas 30 personas mueren ahogadas en las costas anualmente, sin contar los que fallecen en accidentes en lagos, ríos, piscinas e inundaciones, con lo cual la cifra asciende a 60.
Los seres próximos de las personas que se ahogan son los afectados primarios de una tragedia de esta naturaleza. Sin embargo, la mortalidad por ahogamiento entraña costos directos e indirectos que nos afectan como sociedad, un asunto que no se puede ignorar a la hora de desarrollar estrategias para prevenir estas muertes.
Aunque este impacto no se ha cuantificado en la Isla, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un 45% de las personas que mueren por ahogamiento en Estados Unidos forma parte del segmento económicamente más activo de la población. Ello supone un desangramiento económico montante a $273 millones al año, según la OMS.
En estas tragedias inciden muchos factores, pero en un país donde se realiza un sinfín de actividades en torno a las costas, estos traumas podrían minimizarse si el Gobierno reconociera, primero, que se trata de un asunto de salud pública y, segundo, que se trata de un problema prevenible mediante acciones dirigidas a atajar los riesgos y los niveles de exposición.
Coincidimos con las recomendaciones de la OMS de que en este proceso hay que establecer objetivos claros, cuantificar la magnitud del problema, identificar los grupos que son más vulnerables, así como los riesgos; reforzar los servicios de vigilancia y emergencias, e implementar acciones pedagógicas que enfaticen la enseñanza de la natación, tomando en cuenta que solo el 30% de la población en la Isla sabe nadar.
De otra parte, reiteramos la necesidad de una ofensiva de seguridad que asigne más socorristas a las costas y que aumente y clarifique la rotulación en los lugares peligrosos para eliminar la exposición a peligros acuáticos y crear y mantener zonas acuáticas seguras para usos recreativos.
Hace falta también un marco legal que promueva con eficacia la obligatoriedad y fiel cumplimiento de leyes y reglas que inciden en los factores de riesgo de ahogamiento, como las que exigen controles de seguridad periódicos en las embarcaciones o las que regulan el consumo de alcohol al navegar o bañarse.
La Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico, por ejemplo, dispone que todo menor de 12 años, sepa o no nadar, está obligado a llevar un salvavidas antes de subir a una embarcación, una disposición que sabemos que se ignora con demasiada frecuencia y que no se ha hecho extensiva a los adultos.
Puerto Rico necesita crear con urgencia una cultura de seguridad en medios acuáticos que incluya playas, lagos, ríos y piscinas en la que converja un gobierno proactivo con una ciudadanía adiestrada y dotada de información que le permita minimizar el riesgo y asumir la responsabilidad que le corresponde en la prevención de estas tragedias.