Fábrica impositiva
El Gobierno contempla aumentarles las contribuciones a empresas y a ciertos individuos
Necesita unos $1,040 millones de nuevos recaudos a partir de julio
IMPONERLES una sobretasa de 4% a individuos que trabajan por cuenta propia y con ingresos mayores de $150,000 al año, cobrar un impuesto a los ingresos brutos de comerciantes con más de $50 millones en ventas y hasta un aumento en el impuesto sobre los cigarrillos son varias de las medidas que contempla la administración de Alejandro García Padilla para atajar el déficit presupuestario de cara a julio próximo.
La sobretasa a empleados por cuenta propia podría allegar, según el Departamento de Hacienda, unos $150 millones.
El aumento en el impuesto al cigarrillo y similares allegaría otros $50 millones.
En tanto, una contribución especial impuesta a contratistas del Gobierno –una propuesta que sale de la Legislatura– podría representar otros $27 millones al fisco.
Tales aumentos forman parte de una extensa lista de posibilidades que pondera la administración García Padilla con miras a allegar unos $1,040 millones adicionales al Fondo General a partir del año fiscal 2014.
El objetivo de la administración es aumentar los recaudos estimados del fisco de unos $8,130 millones en este año fiscal a unos $9,700 millones.
Con ello, el Gobierno espera preservar el rango crediticio de la Isla, luego de que las tres casas acreditadoras –siendo la degradación por parte de Fitch Ratings el evento más reciente– advirtieran que podrían degradar la deuda de la Isla al grado especulativo por causa de un alza no prevista en el déficit presupuestario.
La lista de posibilidades también incluye modificar la contribución alterna mínima de empresas. Ello, para restringir las pérdidas netas operacionales que pueden deducir.
También se contempla un impuesto a ciertas transacciones que hacen las empresas con sus matrices, como pudiera ser el caso de detallistas a gran escala, manufactureras, aseguradoras e insti- tuciones bancarias, entre otras.
Otra medida bajo análisis es la congelación parcial de créditos contributivos, cuyo impacto económico ha sido cuestionable. Esto produciría unos $78 millones.
Por otra parte, el Ejecutivo considera integrar ciertos juegos para crear megaloterías, similares a Powerball , el conocido juego que agrupa loterías de diversos estados en Estados Unidos.
TEMA ENTRE INVERSORES
Las medidas en el tintero fueron tema de conversación el viernes pasado cuando el equipo financiero de la administración García Padilla y los inversores institucionales de la Isla se reunieron en la ciudad de Nueva York para hacerles conocer a estos qué hará el Gobierno para continuar pagando el servicio de la deuda.
En conjunto, y de acuerdo con la presentación que les ofreció el Gobierno a los inversores, los nuevos impuestos allegarían unos $490 millones.
Aparte de las nuevas medidas impositivas, el Gobierno también pondera eliminar el certificado de revendedores –que les exime del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)– y ciertas exenciones a ese impuesto, lo que ampliaría la base contributiva. Las iniciativas pro fiscalización del IVU tendrían el efecto de allegar otros $550 millones, propiciando que los ingresos por esa partida totalicen unos $1,765 millones.
Ambas cifras, a su vez, se agregarían a los ingresos que el Gobierno ya identificó al revertir el arbitrio a las corporaciones foráneas a la tasa de 4% a principios de año.
“Las medidas de aumento de recaudos y de reducción de gastos discutidas en esta presentación son evaluadas como parte de la confección del presupuesto para el año fiscal 2014 y están sujetas a cambios”, reza el documento entregado a los inversionistas.
Empero, la estela de aumentos en ciernes parece una ruta obligada, luego de que, por décimo cuarto año consecutivo, Puerto Rico fuera incapaz de asegurar que vive según los medios que posee.
La brecha presupuestaria, estimada por el Gobierno en unos $2,212 millones, es prácticamente el doble de lo divulgado antes del proceso eleccionario.
El viernes pasado, el analista Horacio Aldrete Sánchez explicó que, en el caso de Standard & Poor’s, la degradación
de Puerto Rico se produjo por un déficit mayor de lo anticipado y que no cree que la Isla pueda contar con un presupuesto balanceado antes del 2016.
Mientras, Moody’s Investors Services y Fitch Ratings han advertido que la Isla puede pasar a la categoría “chatarra” si no alcanza progresos “sustanciales” o “significativos” en atender su déficit.
Así las cosas, el Gobierno se ha comprometido con las casas acreditadoras y con el mercado inversor a cerrar la brecha presupuestaria de la forma más rápida posible, en aras de evitar la categoría especulativa.
MENOS REFINANCIAMIENTOS
El ajuste que impulsa la administración García Padilla parece requerir de más recaudos porque, al parecer, Puerto Rico encara otra condición para ganar el tiempo y la credibilidad del mercado de capital: frenar la práctica de refinanciar el servicio a la deuda.
“Mientras configuramos el presupuesto, nuestra meta es comenzar a salir de la práctica de refinanciamiento de la deuda de obligaciones generales”, reza la presentación. El objetivo sería reducir de unos $775 millones por financiarse este año fiscal, a refinanciar solo entre $200 millones y $250 millones.
De igual forma, el Gobierno les indicó a los inversores que se propone identificar una fuente específica de recaudos para transferir unos $200 millones al año del Fondo General a la Administración de los Sistemas de Retiro.
“Estamos trabajando para identificar una fuente de ingresos específica que sería dedicada (a ese objetivo)”, indica la presentación.