Inaplazable la reforma fiscal

Propuestas para allegar más dinero al Gobierno ponen en evidencia la necesidad de transformar el aparato tributario

LOS NUEVOS impuestos que pondera la administración de Alejandro García Padilla evidencian que Puerto Rico no tiene una estrategia económica coherente que, a su vez, allegue el dinero que necesita el Gobierno para prestar servicios e invertir en obra pública.

De igual forma, las propuestas reafirman la urgencia que tiene la Isla de embarcarse en una reforma fiscal integral. Y de no hacerlo, mediante un ejercicio de concertación, la Isla podría verse en la difícil coyuntura de tener que renegociar su deuda con los bonistas, a juicio de peritos entrevistados.

“Estamos tomando medidas de emergencia para satisfacer a las casas evaluadoras”, dijo el economista Francisco Catalá. “Llevamos varios años con reformas a retazos”.

Ayer, El Nuevo Día reveló que a partir de julio próximo el Gobierno necesita recaudar al menos $1,040 millones en dinero nuevo para hacer frente al déficit presupuestario, estimado en unos $2,212 millones.

Para hacer frente a la amenaza de otra degradación crediticia, el Gobierno contempla aumentar el impuesto a cigarrillos, establecer una sobretasa a ciertos trabajadores por cuenta propia y una contribución a contratistas del Gobierno, entre otras iniciativas. También harán cambios al impuesto a la venta y uso (IVU).

Catalá explicó que desde el inicio de la centuria los ingresos del fisco han ido a menos, de representar un 16% del ingreso bruto nacional hasta rondar apenas un 11% en tiempo reciente, pese al alza nominal del ingreso bruto nacional.

Planteó que se debe acabar con la multiplicidad de fórmulas corporativas, tratamientos especiales a indivi

duos, créditos y exenciones.

¿RENEGOCIAR LA

DEUDA?

El economista sostuvo que ante la insuficiencia de recaudos la reforma fiscal también re- quiere analizar en qué se gastan los recursos colectivos del país. Dijo que en el presupuesto la partida de subsidios y donativos, incluso, es mayor a la nómina pública.

“Va a haber que revisar las obligaciones que tiene el Gobierno con los bonistas. Hay quien dice que no se debe pagar y punto, pero eso no es así. Es hacer un análisis de cuál sería el costo y el beneficio de esa posibilidad”, dijo.

De entrada, el economista Juan Lara indicó que una renegociación de la deuda no sería adecuado. Recordó que la economía de Puerto Rico lleva unos ocho años en contracción. “No he visto ningún país que haya hecho una renegociación sin que haya resultado extremadamente onerosa y dolorosa. Es mejor no abrir esa puerta porque no se sabe lo que va a estar del otro lado, si un gato o un dragón”.

IMPACTO MÍNIMO

Lara sostuvo que evitar el escenario de degradación hacía inevitable continuar con un plan de austeridad, cosa que vaticinó hace más de un año.

Agregó que los impuestos bajo análisis no afectarán marcadamente la economía y quizás se trata de un plan “que no es suficientemente agresivo para la gravedad del problema”. Señaló que el país tendrá que embarcarse en un ejercicio de concertación porque, a lo sumo, Puerto Rico tiene unos dos años para atender su crisis fiscal, si quiere evitar la acción crediticia.

MEDIDAS MOLESTOSAS

De acuerdo con el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Kenneth Rivera Robles, aun cuando el impacto económico no sea significativo, las propuestas disminuyen la certeza que debe tener un contribuyente, sea individuo o corporación, en cuanto al régimen tributario que le aplicará.

Lamentó que la ciudadanía se enterara de las propuestas por lo divulgado a inversionistas y que se presentaran al mercado iniciativas que podrían modificarse en el proceso legislativo.

El contador sostuvo que si bien se desconoce el detalle de las propuestas, al-

gunas podrían aumentar “drásticamente” la responsabilidad de quienes ya llevan el mayor peso del sistema contributivo. Ese podría ser el caso con la sobretasa a trabajadores por cuenta propia y la contribución a contratistas del Gobierno.

“Tal vez debe revisitarse la reforma contributiva porque, con esta cantidad de ajustes, terminas encareciendo el costo operacional”, dijo Rivera Robles al destacar que, aparte de las medidas impositivas, lo que hace falta es fortalecer las estrategias de cobro del Departamento de Hacienda.

NADA ES FINAL

“Muchas de las medidas van dirigidas a casos de evasión corporativa que se han detectado”, indicó Melba Acosta, secretaria de Hacienda.

“Estas son medidas bajo consideración en la confección del presupuesto. No son finales”, dijo Acosta al indicar que todo dependerá de lo que decida el gobernador García Padilla.

“Paralelamente, la Oficina de Gerencia y Presupuesto está confeccionando un presupuesto que incluye recortes en contratos y reducción de costos, como es el caso de la reciente reducción de salarios en La Fortaleza. En Hacienda, ya he cancelado varios contratos, cada uno de sobre $1 millón”, dijo Acosta.

Anoche, parte de la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se convirtió en especulativa cuando Standard & Poor’s le asignó la clasificación BB+.

SP también degradó a la categoría BBB- la parte de la deuda de la AAA, garantizada por el Gobierno central, lo que tuvo el efecto de equiparar esos bonos al mismo rango de las obligaciones generales (GOs).

La perspectiva que SP dio a la deuda de la AAA es negativa, lo que podría suponer una degradación adicional en un período de dos años, dijo la casa acreditadora.

SP también decidió colocar los bonos de obligaciones de pensiones en vigilancia crediticia con implicaciones negativas, al señalar que los retos fiscales y presupuestarios del Gobierno, junto a la pobre solvencia de la Administración de los Sistemas de Retiro, puede limitar la capacidad de la Isla de pagar a tiempo las aportaciones que se requieren para mantener una cubierta adecuada del servicio a la deuda.

Muchas de las medidas (impositivas) van dirigidas a casos de evasión corporativa que se han detectado”

MELBA ACOSTA

secretaria de Hacienda