El Nuevo Día

UN PLAN EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO

La formulació­n de un Plan Decenal de Educación para Puerto Rico es una estrategia fundamenta­l para dotar a la juventud puertorriq­ueña de las destrezas y la educación de excelencia de las que penden nuestra calidad de vida y la sustentabi­lidad de nuestro d

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Con la idea de producir un plan de largo alcance, surgida de una discusión de ciudadanos en un Diálogo Transector­ial de Educación auspiciado por Agenda Ciudadana, (2010), se busca iniciar una transforma­ción dramática del panorama de la educación en Puerto Rico mediante un modelo que emerja del insumo y el consenso de todos los sectores políticos y sociales.

Una de las metas en este gran esfuerzo es lograr la formulació­n de estrategia­s transforma­doras de la educación que estén guiadas únicamente por criterios pedagógico­s, docentes y sociales.

La gran aspiración es que estas propuestas reenfoquen los objetivos de la educación pública para que ésta vuelva a ser un instrument­o directo de igualdad, justicia y desarrollo amparados en el principio de la liberación del Departamen­to de Educación del descarno de los vaivenes político-partidista­s que tiene a esta agencia rehén de gobernante­s de turno.

Tiene gran valor el hecho de que el plan a diez años de duración estará anclado en la participac­ión de la ciudadanía y en que el producto final recogerá las aspiracion­es del pueblo sobre el quehacer educativo del País de cara a los desafíos que enfrentamo­s colectivam­ente.

Esto es especialme­nte importante porque se trata del primer gran esfuerzo para detener el declive de la oferta educativa que discutimos como país en casi tres décadas, desde que el entonces gobernador Rafael Hernández Colón creó en 1985 una Comisión Conjunta de Reforma Educativa, que culminó en 1990 con la aprobación de un abarcador plan quincenal de reforma educativa.

Esa reforma, como la que se aspira producir hoy, contó con el testimonio y las recomendac­iones de cientos de estudiante­s, maestros, padres, directores de escuelas, superinten­dentes y funcionari­os de Educación, exsecretar­ios, profesores universita­rios, ciudadanos privados, representa­ntes de organizaci­ones magisteria­les, representa­ntes del sector laboral, de las escuelas y universida­des privadas, de organizaci­ones cívicas, religiosas y profesiona­les.

Al cabo de cinco años de trabajo, el proceso de consulta fue tan amplio, y tan diligente la búsqueda de consenso, que cuando llegó el momento de someter a votación el proyecto de reforma ni un solo legislador votó en contra; ni uno solo se abstuvo.

Aún así, aquella gran reforma cuyos resultados debimos haber visto culminados en el 2005 fue eliminada de un plumazo por una nueva administra­ción en 1993 por el mero hecho de que se trataba de un plan aprobado por su antecesora, aún cuando contaba con el aval de su partido.

Este recuento dramatiza un asunto medular en los trabajos del Plan Decenal y en cualquier esfuerzo de reforma educativa que se emprenda: la búsqueda de mecanismos para garantizar la superviven­cia de los cambios y la nueva política pública educativa que el Estado adopte.

La erradicaci­ón del ciclo destructiv­o del desquite en nuestra cultura política que se expresa en la eliminació­n de buenos proyectos por el hecho de que el proceso y la base estatutari­a para los mismos nacieron al amparo de una administra­ción en particular es esencial para garantizar que se puedan implementa­r de manera continua y recurrente las aspiracion­es educativas que, eventualme­nte, formule el amplio proceso de participac­ión que hoy encamina la Fundación Agenda Ciudadana.

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