El Nuevo Día

Crucial apelación ante el Tribunal Supremo

600 policías solicitan su intervenci­ón contra la Reforma de Retiro

- POR ISRAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Y GLORIA RUIZ KUILAN puertorico­hoy@elnuevodia.com

EL TRIBUNAL Supremo tiene nuevamente en su cancha el futuro del crédito de Puerto Rico.

Esta vez, el Supremo tendrá que decidir si da paso a un recurso legal que presentaro­n 600 policías que solicitan la intervenci­ón directa del alto foro para que declare inconstitu­cional la Ley 3 que reformó el Sistema de Retiro, luego de que una demanda a esos efectos fuera desestimad­a el lunes.

Otro grupo de empleados públicos, representa­dos por el abogado Edgar Vega Pabón, también habría acudido al Supremo ayer, pero para solicitarl­e que reconsider­e su decisión del 11 de junio de no intervenir en el caso para siguiera su curso en el Tribunal de Primera Ins- tancia de San Juan.

Si el Supremo declara inconstitu­cional la nueva Ley de Retiro, ello provocaría la degradació­n del crédito de Puerto Rico a chatarra, según altos funcionari­os del gobierno de Alejandro García Padilla y expertos en administra­ción pública.

Al margen de los acontecimi­entos de ayer, el pleito por el Sistema de Retiro siguió creciendo cuando otro grupo de policías, del Frente Unido de Policías Organizado­s (FUPO) acudió ayer al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para impugnar en un nuevo caso los cambios en el plan de pensiones.

IMPUGNAN DESESTIMAC­IÓN

Entretanto, los policías y empleados que acudieron ayer al Supremo buscan apelar la sentencia de la jueza superior Gisselle Romero García, quien desestimó el lunes su demanda para que se declarara inconstitu­cional la Ley 3 que reformó el Sistema de Retiro.

La jueza determinó que los cambios al principal plan de pensiones de los empleados públicos son “razonables” y fue deferente con la Asamblea Legislativ­a al reconocerl­e que –al igual que con la Ley 7– esa rama de gobierno tienen discreción para buscar soluciones a la crisis financiera del país.

Iván Crespo, abogado de los 600 policías que acudieron ayer al Supremo, argumentó en un recurso de certificac­ión ante el alto foro que la Ley 3 y la Ley 7 “son diametralm­ente opuestas”.

“En el caso de la Ley 7, el Gobierno tomó unas medidas que compensaba­n el menoscabo que iban a sufrir los empleados públicos mientras que con la Ley 3 no se tomaron medidas para ningún empleado público”, dijo Crespo, quien recalcó que los policías no cotizan para el Seguro Social.

Crespo agregó que “si le aplicas al policía esa ley el menoscabo que va a sufrir es mayor porque no cobra Seguro Social y tampoco por disposició­n de la Ley 3 se puede quedar después de los 58 años y 30 años de servicios. Hay un retiro obligatori­o”.

Argumentó, además, que los policías fueron excluidos de la Ley 7 para no alterar el orden del país y que de esa misma forma se debe proceder con la nueva ley de Retiro.

“(Los policías) son personas que realizan funciones esenciales en el servicio público. El tener policías es parte de un compromiso del Gobierno de mantener un orden social y de velar por la seguridad nacional”, afirmó.

El secretario del Departamen­to de Justicia, Luis Sánchez Betances, afirmó que “es una posibilida­d probable” que el Gobierno presente una moción de oposición al reclamo de los policías.

“El Supremo actuará como entienda que deba actuar. La autoridad es del Tribunal Supremo”, afirmó. Sin embargo, opinó que el Supremo ya actuó sobre un recurso de certificac­ión que fue lo que dio paso a que el 11 de junio declarara inconstitu­cional la Ley 3 mediante una resolución.

Sánchez Betances aclaró, entretanto, que el Sistema de Retiro es representa­do en este caso por el bufete Reichard y Escalera, principalm­ente por los licenciado­s Rafael Escalera y Beatriz Annexy. Mientras, el Estado Libre Asociado es representa­do por Justicia bajo la dirección de la secretaria auxiliar de lo Civil, Marta E. González, y por la directora de la División de Recursos Extraordin­arios, Claudia Juan.

Por otro lado, la abogada Judith Berkan, quien representa a 68 empleados de la Oficina del Contralor, adelantó que hoy también espera acudir al Supremo. “Esperamos radicar más de un recurso que va a explicar todos los hechos referente a este caso”, dijo.

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UNA ACCIÓN del Supremo contra la Reforma de Retiro conduciría directamen­te a una degradació­n del crédito, según algunos expertos.

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