NO HAY UN PLAN DE RECORTES
El gobierno seguirá igual
EL AHORRO neto en gastos de funcionamiento del Gobierno en el presupuesto recomendado para el próximo año fiscal es de apenas $13 millones, lo que evidencia la ausencia de un plan estructural para reducir el llamado gigantismo del Gobierno.
Aunque el Gobierno prevé ahorros en $213 millones en sus gastos de funcionamiento, presupuestó un aumento de $200 millones en otras partidas para pagar deudas y cumplir con sus obligaciones. Por eso, el balance neto es una reducción de $13 millones.
En síntesis, los gastos del funcionamiento del Gobierno se reducirían el próximo año fiscal en .2% . En total, los gastos de funcionamiento del Gobierno ascenderían a $6,934,986 millones.
Esta administración no está contemplando en este presupuesto medidas antipáticas como recortes en nómina o eliminar o consolidación agencias o municipios, entre otras. En ese sentido, ha optado por mantener la estructura actual del gobierno mediante la imposición de nuevos impuestos.
“Nosotros no creemos en los despidos. El gobierno anterior y el Partido Nuevo Progresista (PNP) proponen que se despidan empleados públicos, como lo hicieron. Nosotros no”, afirmó ayer el gobernador Alejandro García Padilla en entrevista con este diario.
Cuando se le preguntó cuál es el plan de recortes de esta administración, el gobernador dijo: “En un plan que busca la eficiencia. Por ejemplo, nosotros hemos hecho grandes recortes en el pago, en la contratación, de servicios legales porque yo encontré lo siguiente: agencias que tenían una división legal y además contrataban bufetes. Eso se ha reducido dramáticamente”.
En La Fortaleza también se ha reducido la nómina en $1.7 millones, según García Padilla. Estos son elementos que contribuyen a reducir el gigantismo gubernamental, agregó el gobernador, al rechazar que no estén reduciendo el costoso gigantismo gubernamental.
En términos de los empleados de confianza en el Gobierno, ese número se ha reducido de septiembre a febrero en 900, lo que García Padilla consideró como razonable. “Si estamos hablando de 900 empleados, estamos hablando de muchos. En 90 agencias, representaría a 10 por agencia. Para que tengan una idea, cuando yo estaba en DACO no había 10 empleados de confianza”, ale-
gó el gobernador.
DIFÍCIL DE ENTENDER
El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas, reconoció que “es difícil para la gente entender cómo es que se están recortando gastos si el número va para arriba”. Se refirió a que a pesar de los recortes, el presupuesto del Gobierno es mayor al anterior por $753 millones.
“La realidad es que ese número no está yendo para arriba, es que estamos reconociendo gastos y obligaciones que ya teníamos como Gobierno y como país y que no los querían reconocer en el presupuesto”, sostuvo Rivas.
Esas obligaciones que, según Rivas, se han incluido en el presupuesto incluyen la contratación de guardias penales para cumplir con las disposiciones del caso Morales Feliciano; el pago de alzas salariales en convenios colectivos; el pago en exceso de días por enfermedad –“el enfermito”– y las liquidaciones de empleados que se acogieron al retiro temprano, entre otros.
Rivas expuso el siguiente ejemplo: “Tú tienes tu presupuesto familiar, tienes tus pagos que haces todos los meses, refinancias la hipoteca con la tarjeta, pagas los gastos de una caja de zapatos con chavos que te dejó tu abuela y entonces, al final del día, la caja se quedó sin chavos y el banco no quiere seguir financiando la hipoteca con la tarjeta de crédito. Tus gastos no están subiendo, lo que pasa es que tienes que empezar a pagarlos de tu salario”.
Uno de los problemas para hacer recortes es que de entrada un 45% del presupuesto está comprometido para el pago de deuda, el sistema de retiro, la reforma de salud y las fórmulas para allegar fondos a otras instituciones como la Universidad de Puerto Rico, manifestó Rivas. El funcionario dividió, a su vez, los gastos de funcionamiento en dos: los del Departamento de Educación y los del resto del Gobierno.
Re visar el resultado de las exenciones contributivas implicaría repensar la ruta de desarrollo económico, más allá de cuadrar un presupuesto”
PALMIRA RÍOS directora de la Escuela de Administración Pública de la UPR
Explicó que esta división obedece a que Educación solamente es igual de grande que el resto del Gobierno. Sin contar el los gastos de agua, luz y corporaciones públicas, el presupuesto de funcionamiento del Gobierno es de unos $5 billones.
“De estos $5 billones, $3 billones son para el resto del Gobierno y $2 billones son para Educación. Por eso, yo siempre separo Educación porque Educación solo es igual de grande que el resto del Gobierno”, indicó.
UNA TERCERA RUTA
Para la directora de la Escuela Graduada de Administración Pública, de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Palmira Ríos, no hay una fórmula para atender este asunto en términos de administración pública.
Durante las administraciones de Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño la administración central redujo su plantilla gubernamental, recordó Ríos. Pero advirtió que esas reducciones se han llevado a unos niveles que “sin una reestructuración mayor va a afectar la prestación de servicios”.
En ese contexto, Ríos dijo que entre la ruta de despedir empleados o establecer nuevos impuestos, hay un tercer camino que no ha sido explorado: evaluar los beneficios contributivos dados al sector privado mediante exenciones, exclusiones y decretos.
“No sabemos si se están produciendo los resultados para lo que se conceden. Ese dinero deja de entrar al erario bajo la expectativa de que se van a producir unos resultados por parte del sector privado. Esta tercera ruta es simplemente evaluación de resultados”, sostuvo la académica.
El también experto en administración pública Mario Negrón Portillo insistió en que hay que ser bien cuidadosos cuando se habla de gigantismo gubernamental en Puerto Rico. “Cuando tú comparas el número de agencias y empleados en Puerto Rico con el gobierno de California o Georgia, es similar. Lo que pasa es que en Estados Unidos no aparecen los condados”, indicó.
“Que aquí haya una mala distribución de empleados, esos son otros 20 pesos”, agregó Negrón Portillo, quien no ve como una posibilidad despedir empleados públicos en tiempos de recesión. Según Negrón Portillo, tirar 15,000 o 20,000 empleados a la calle implicaría que “van a dejar de pagar la casa, de hacer la compra y tirarlos al desempleo y a la economía informal...”.