SUBSIDIO A LA INEFICIENCIA
La aprobación por parte de la Cámara de Representantes de la llamada “tarifa preferencial” de Energía Eléctrica (AEE) a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (Aaa)-que no debe llegar a convertirse en ley- constituye una improvisación populista y un
Los datos fácticos en torno de ese mal ejercicio de administración pública son los siguientes: el Gobierno se vio en la necesidad de aumentar el costo en la tarifa de agua a los abonados de la AAA, que en el caso del usuario promedio representa un alza de $20 mensuales; con la “tarifa preferencial” –cuyo costo de $50 millones sale de unos esperados ahorros de la atribulada AEE–, en lugar de los $20 de aumento, los abonados de la igualmente atribulada AAA recibirán un aumento de “solo” $17 mensuales.
Resulta evidente que detrás de esa decisión de corte populista, la intención de la legislación, propuesta desde La Fortaleza y anunciada por el gobernador Alejandro García Padilla, es utilizar la semántica para proclamar la magnanimidad de un gobierno que ha reducido unos $3 en el aumento de $20 a los abonados de la AAA.
El escenario recuerda el “aumento reductor” contributivo de los años 80. Recuerda también las palabras del juez del Tribunal Supremo Benjamín Ortiz sobre el uso de las palabras para el engaño: “Estamos viviendo una época que rechaza la fatalidad o necesidad inexorable del uso de las palabras exactas y mágicas. Del misticismo de las palabras hemos progresado a la sustantividad de los hechos reales y de la exactitud precisa a la justicia intrínseca”.
El problema real es, primero, que el ahorro de $63 millones que obtendría la AEE con el cambio de combustible, de petróleo a gas natural en la planta de Costa Sur 6 –con una parte sustancial del cual se financiará la tarifa preferencial–, depende del precio de gas natural (de aumentar, no podría la AEE otorgar el subsidio a la AAA); segundo, si la AEE hubiera decidido transferir a sus abonados acaso el 75% del esperado ahorro por el cambio de combustible y el restante 25% en un agresivo programa de mantenimiento y mejoras a su red eléctrica, la corporación podría disminuir su alta deuda, mejorar sus servicios y controlar los costos de la energía.
Para una corporación pública cuyas excesivas tarifas constituyen una retranca para el desarrollo económico y la promoción de industrias, es decir, para alentar el empleo –máxima aspiración de una administración que anda a la caza de 50,000 empleos en 18 meses–, ésa debió ser la fórmula a aprobarse en lugar de recurrir a una movida que, revestida del juego semántico, lesiona las posibilidades de regeneración financiera de la AEE.
Mientras tanto, la gerencia de la AAA tenía –y tiene– formas y maneras de allegarse fondos para reducir el proyectado aumento inmediato y evitar aumentos futuros en las tarifas de sus abonados: dispóngase a cobrar las deudas de clientes morosos por $279 millones que tiene en sus expedientes, dividida entre $107 millones en abonados residenciales; $79.9 millones de municipios, corporaciones públicas y agencias (incluyendo estatales y federales); $50.6 millones de residenciales públicos; $26.2 millones del sector comercial y $3.4 millones del sector industrial.
Para enfrentar con éxito sus problemas financieros comience la gerencia de la AAA por lo primero: cobre las deudas y desista de reproducir ahora las prácticas de mala administración que vienen de un pasado reciente del que el director ejecutivo, Alberto Lázaro, fue protagonista clave.