¿Para qué son las elecciones?

En 1987, el Gobierno (rojo) entregó $80 millones a una empresa que supuestamente iba a construir un avión (¿se acuerdan del Bromon?) Nunca se construyó y no se exigió la devolución del dinero. ¿Qué dijo la madrina de aquella aventura, luego gobernadora? Que “hay proyectos que salen mal”. Así de fácil.

Entre los 80 y los 90, dos gobiernos (uno azul, otro rojo) malgastaron al menos $1,000 millones en contratos a dos empresas privadas que iban a convertir a la AAA –a un costo de $400 millones por año– en la joya de la corona del gobierno. ¿El resultado? Una de ellas (Ondeo) fue indemnizada en $80 millones adicionales cuando hubo que liquidar el contrato por negligencia de ésta. Y la AAA –ya ustedes lo ven– empeoró en programas y servicios.

Por los pasados nueve años los gobiernos que se turnaron en La Fortaleza (rojos y azules) concedieron créditos por $1,485 millones a empresas para crear empleos y ampliar la inversión en Puerto Rico. ¿El resultado? Durante el período, el producto bruto se contrajo un 14%, colapsó el nivel de inversión y, en lugar de crear empleos, se perdieron 100,000 puestos de trabajo.

En 2006, el gobernador de turno, alegando no contar con $740 millones adicionales para su presupuesto, cerró el Gobierno, dejando en la calle a 95,000 empleados y sin clases a 500,000 estudiantes, para economizar el pago de esos empleados públicos. ¿El resultado? Cuando abrió el Gobierno 15 días después, las pérdidas de la economía en el sector privado se contabilizaron en unos $1,000 millones, se provocó un impacto adverso de $404 millones en el producto bruto, ocurrieron la cancelación de inversiones y una drástica baja en el valor de las acciones bancarias. La tasa de desempleo subió al 20 por ciento y el Gobierno tuvo que desembolsar $13 millones para compensar a los empleados cesanteados.

El gobernador y sus jefes de agencias se pasan con la mano extendida pidiéndole dinero al Tío Sam para programas públicos que el gobierno local no puede financiar, pero año tras año no pueden utilizar gran parte de ese dinero, entre otras cosas, por no contar con la tecnología adecuada para cumplir con los requisitos federales. El más reciente ejemplo: los $20 millones que recién perdió el DTOP.

En los pasados ocho años, e incluyendo éste, el gobierno (uno rojo; los otros azules) han legislado aumentos en contribuciones por unos $5,000 millones porque no hay chavos en la caja de Hacienda. Pero ambos han sido incapaces de cobrar más o menos $3,000 millones de grandes evasores contributivos (¿de grandes donantes de ambos partidos?).

Educación tiene un presupuesto de más de $3,600 millones, pero allí nadie sabe cómo encontrar $89 millones para cumplir con una ley de 1999 que le ordena contratar sicólogos para los estudiantes de las 1,420 escuelas públicas de la isla.

Entre 2005 y 2012, los gobiernos de turno tiraron por el tubo más de $100 millones en dos gasoductos –el prime- ro, de los rojos, que no le gustó a los azules; el segundo, de los azules, que no le gustó a los rojos–, abandonados a mitad del camino. Los dos fueron abortados por 1) la improvisación y la terquedad, y 2) la mera politiquería.

Entre 2006 y 2011 (con gobiernos rojos y azules), el valor del agua perdida (no facturada, facturada pero no cobrada, hurtada o desperdiciada por filtraciones) ascendió a $4,768 millones. En 2011, la AAA vendió agua por $492 millones, pero a la vez perdió $864 millones por las anteriores cuatro razones; hoy la cosa está igual o peor.

Todavía nadie, en ningún gobierno (ni rojo ni azul) ha podido implantar una política pública que permita revertir la fórmula actual según la cual el Estado invierte entre $80 y $100 diarios en el mantenimiento de cada confinado, pero apenas entre $12 y $22 para educar a cada uno de los estudiantes del sistema público de enseñanza.

¡Y a mí que me habían dicho tantas veces que todas las elecciones tratan de futuro y de cambio!