Nuestra responsabilidad suprema
Durante casi una década, las agencias clasificadoras de crédito vienen señalando la situación financiera del Sistema de Retiro del Gobierno central como uno de los factores principales que afectan negativamente el crédito de Puerto Rico. En informes que datan desde el 2005, las agencias clasificadoras, -Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch-, han enfatizado insistentemente que el déficit del Sistema de Retiro es uno de los retos más serios que impactan el crédito del país.
En las degradaciones de la clasificación del crédito de nuestra deuda nacional a un nivel por encima de “chatarra” por Moody’s y S&P’s el 13 de diciembre de 2012 y el 13 de marzo de 2013, , ambas agencias basaron su determinación en el hecho de que Puerto Rico no había llevado a cabo una reforma abarcadora del sistema. En el caso de Fitch, la necesidad de reformar el sistema fue aún más reveladora, pues dicha agencia degradó el 20 de marzo de 2013 el crédito de Puerto Rico al borde de “chatarra”, advirtiendo que dicha clasificación estaba condicionada a la aprobación de la reforma del Sistema de Retiro presentada entonces por el gobernador a la Asamblea Legislativa. O sea, nos hubieran degradado a “chatarra” si no se hubiera radicado y aprobado el proyecto de ley.
Desde que asumí mis responsabilidades como presidente del Banco Gubernamental de Fomento, me he reunido en varias ocasiones con representantes de las agencias clasificadoras. En cada una de estas reuniones, una de las preocupaciones principales de las agencias en el ámbito fiscal ha sido la precaria condición financiera del Sistema de Retiro; la peor en todo Estados Unidos. No hay duda de que la acción contundente tomada por esta administración a través de la Ley 3 es lo que ha evitado a esta fecha la degradación de la deuda del Gobierno al nivel de “chatarra”.
La Ley 3 constituye una reforma sensible, necesaria y razonable diseñada para prevenir la insolvencia del Sistema de Retiro, salvar las pensiones de nuestros jubilados y poder brindarles a nuestros empleados públicos una pensión digna al retirarse. En este esfuerzo, nuestra administración consideró responsablemente factores humanos, financieros, actuariales y legales. Más allá del análisis financiero y actuarial, la reforma consideró el impacto que tendría el no hacer nada sobre los miles de pensionados y futuros pensionados, que se quedarían sin su pensión luego de haber trabajado en el servicio público gran parte de sus vidas, pues la verdad es que no hay manera de que el sistema pueda pagar las pensiones de nuestros jubilados y las expectativas de pensión de los empleados según existen al día de hoy.
El deshacer esta reforma no sólo le haría un daño irreparable a las pensiones de nuestros empleados públicos y a nuestra credibilidad como país, sino que resultaría inevitablemente en una degradación de nuestro crédito a “chatarra”. Sin ánimo de atemorizar, es nuestra responsabilidad suprema hablarle al pueblo de frente y con la verdad basada en hechos indiscutibles. Una degradación a “chatarra” produciría efectos dañinos inmediatos en la calidad de vida y en el bolsillo de nuestra gente. Entre otros, se afectarían los servicios básicos y la disponibilidad de crédito; se perderían un gran número de empleos en los sectores públicos y privados; se perderían millones de dólares invertidos en planes de retiro público y privados; se cerraría el acceso del Gobierno al mercado de deuda municipal en Estados Unidos; se dificultaría la promoción del empresarismo local; se impactaría severamente nuestra capacidad de atraer inversión extranjera, y se devaluaría drásticamente el valor de todas las obligaciones del Gobierno y las corporaciones públicas. Estos efectos, que prolongarían nuestra ya frágil situación económica, han sido discutidos y explicados extensamente por los economistas del país. No se justifica que el país sufra estas consecuencias teniendo ya en nuestras manos una solución justa y razonable para todos.
Estamos esperanzados que la Rama Judicial, en el desempeño de su responsabilidad constitucional, tomará en cuenta que invalidar la Ley 3 afectará el bienestar de todos los que vivimos en Puerto Rico.