Suprema decisión sobre el retiro
En su momento, el Tribunal Supremo evaluará la constitucionalidad de la Ley 3 que reforma el sistema de retiro del Gobierno. Creo que la va a validar. No lo digo porque tenga pericia en las leyes, que no la tengo, sino porque como economista conozco las consecuencias financieras de declarar la Ley 3 inconstitucional.
Los jueces se pronuncian interpretando las leyes y la Constitución. Pero, esta interpretación está influenciada por las realidades de la sociedad en que viven. En el caso de Estados Unidos, la Corte Suprema interpretó en 1896 que la Constitución validaba la segregación racial (Plessy v. Ferguson). En 1954 interpretó que la misma Constitución invalidaba la segregación racial (Brown v. Board of Education).
En 2009 y en el marco de una posible degradación crediticia, el Supremo evaluó la constitucionalidad de la Ley 7, que implicaba incumplir con compromisos sindicales pactados y créditos contributivos otorgados. El Supremo dictó que la ley era constitucional, y así protegió a nuestra sociedad de un golpe económico demoledor.
Los sistemas de retiro gubernamental fueron estructurados casi como un juego de pirámide. Los primeros en retirarse serían muy beneficiados porque aportaban poco y recibían mucho. Los empleados públicos, los líderes sindicales y los políticos conspiraron para mantener este esquema. Como en los esquemas de pirámide, en algún momento el dinero se iba a terminar.
La reforma del sistema de retiro del 2013 cerró el juego piramidal. Se asignó a los empleados jóvenes y a los contribuyentes cubrir parte del costo. La Legislatura actuó porque las consecuencias de no hacerlo eran peores. Ahora, mediante trámite judicial, algunos grupos quieren extender el juego de la pirámide. El planteamiento de los demandantes es legal: había un compromiso del gobierno. La realidad económica es que el Gobierno no es un ente independiente de la sociedad, ni la sociedad independiente de los individuos que la componen. Validar el esquema piramidal implicaría mayores impuestos a una sociedad que ya está en descomposición, incentivar aún más la emigración de quienes no pueden o se rehúsan pagar por dicho esquema, y aumentar la probabilidad de una degradación crediticia.
No conozco la interpretación que se pueda hacer con respecto a la reforma del sistema de retiro. Pero estoy seguro de que las consecuencias económicas y sociales de la decisión pesarán en el ánimo de los jueces del Supremo.